Los Juzgados de Violencia sobre la mujer tendrán un 12% más de carga de trabajo cuando asuman delitos sexuales

Será el efecto de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que atribuye a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la competencia para conocer de todos los delitos de violencia sexual. A nivel nacional, supondrá un incremento medio edel 12,9 por ciento en el número de asuntos que tramitan estos órganos judiciales.

En Extremadura, las dos magistradas que están al frente de los juzgados centrados exclusivamente en asuntos de violencia de género se han sumado a una reivindicación nacional contra la llamada 'ley Bolaños'. Son Cristina Mendigutía, en Cáceres, y Ana Sánchez, en Badajoz. Ambas se adhirieron al escrito en el que más de un centenar de jueces del país –la práctica totalidad de los jueces de violencia– plasman su rechazo la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Los jueces alertaron a principios de mes sobre los perjuicios que a su entender conllevará la reforma judicial.

El estudio elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ busca conocer de forma aproximada el incremento del número de asuntos que pasarán a ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. También permite también hacer una estimación de la disminución en la entrada de casos en los Juzgados de Instrucción o Mixtos que actualmente son competentes en materia de violencia sexual.

El estudio realiza una estimación de la carga de trabajo por comunidad autónoma y por partido judicial. Con los datos recabados por el CGPJ, la incidencia de la entrada en vigor de la ley se mueve en una horquilla que va desde un máximo del 20 por ciento a un mínimo del 2,79 por ciento. «Las características de cada territorio, el tamaño de las localidades, los medios de que dispones y la ubicación geográfica (interior o zonas costeras) son variables que influyen claramente en las cifras», ha apuntado el CGPJ.

Para hacer el cálculo, se han tenido en cuenta distintos tipos de procedimientos y todos los tipos delictivos relacionados con la violencia sexual que recoge el Código Penal. En este caso, la fuente de la que se han recabado los datos han sido los distintos sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma y no los boletines de estadística judicial. Según el CGPJ, los últimos boletines de los ejercicios sometidos a análisis «no recogen de forma diferenciada los datos sobre los procedimientos abiertos por delitos de violencia sexual».

El CGPJ ha avanzado que está elaborando una propuesta de modificación de los boletines, que remitirá para su aprobación a la Comisión Nacional de Estadística. Por ello, calcula que en un año se podrá contar «con información más completa».

Por comunidades autónomas, el CGPJ estima que el incremento más notable de asuntos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se daría en Cataluña y en Baleares, con un aumento de la carga de trabajo del 20,25 por ciento y del 19,6 por ciento%, respectivamente.

A estos territorios les siguen Murcia (18,3%), Galicia (18,27%), La Rioja (17,36%), Navarra (17,19%), Castilla y León (17,17%), Cantabria (15,23%), Castilla-La Mancha (14,58%), Madrid (14,36%), Asturias (14,13%), Canarias (13,55%) y Extremadura (12,08%). Por último, Comunidad Valenciana (8,04%), Andalucía (7,32%), Aragón (4,23%) y País Vasco (2,79%).

El estudio permite conocer también la disminución del volumen de asuntos que recaerán en los Juzgados de Instrucción y en los Mixtos cuando entre en vigor la ley. La reducción del número de asuntos también varía según las características del territorio y se movería entre el 3,55 por ciento de Baleares y el 0,35 por ciento del País Vasco.