López Marroyo, del PP, presidente de la comisión de investigación sobre Gisvesa

Quince diputados, seis del PSOE, seis del PP, dos de Podemos y uno de Cs, conforman la comisión de investigación no permanente sobre el sector público empresarial extremeño, constituida ayer en la Asamblea de Extremadura, tras la denuncia de enchufismo en Gisvesa realizada por el Grupo Popular.

En la sesión constitutiva de la comisión se eligió la mesa del nuevo órgano, presidida por el popular Saturnino López Marroyo; con el socialista Celestino Vegas como vicepresidente; y Obed Santos, de Podemos, como secretario.

Tras la constitución, el presidente propuso celebrar el próximo lunes una reunión de la mesa y de los portavoces de los distintos grupos para establecer el método de trabajo y de funcionamiento de la comisión.

Tras la constitución de la comisión, fue el turno de las declaraciones públicas de sus nuevos miembros. El diputado socialista Carlos Labrador destacó que la transparencia del sector público empresarial extremeño está garantizada desde que gobierna Guillermo Fernández Vara y accesible a todos en el Portal de Transparencia.

En ese sentido, el parlamentario del Grupo Popular José Ángel Sánchez Juliá recordó que el 50% de los contratados en las encomiendas de gestión en Gisvesa eran anteriores cargos socialistas, con «dudosos» procesos de selección, por lo que uno de los objetivos que el PP se plantea con esta comisión es conocer «exactamente» que ha ocurrido en esa empresa pública a lo largo de esta legislatura.

Los populares también quieren conocer, según Sánchez Juliá, si ese 'modus operandi' se ha extendido por el resto del sector público empresarial y si en las contrataciones se han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad.