La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reune este miércoles en Madrid, con la vicepresidenta segunda y ministra para la Transición Ecológica ... y Reto Demográfico, Sara Aagesen. Sobre la mesa en este encuentro estará la petición que la presidenta extremeña mantiene para que el Gobierno autorice la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto para 2027 en su unidad I, y en 2028 para la unidad II. La reunión tendrá lugar a las 15,00 horas en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en Madrid.
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La reunión tiene lugar después de un cruce de declaraciones entre el Gobierno y la Junta de Extremadura a cuenta de la central nuclear. Por ejemplo, el pasado 27 de enero Aagesen descartó en el Congreso el cambio del calendario previsto de cierre de las centrales nucleares. Es más, señaló que la intención de su departamento es seguir acelerando la transición energética. También dejó claro que su apuesta es por las «renovables», para las que hay según indicó inversores interesados.
Posteriormente, el 23 de febrero, María Guardiola y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitaron las instalaciones de Almaraz en un intento de hacer frente común para reclamar la continuidad de la central.
Por su parte, las empresas dueñas condicionan la petición para pedir una prórroga a que se apruebe una rebaja de los impuestos actuales y futuros que paga la planta. Fuentes de Almaraz-Trillo dejan claro que sin esa reducción de tasas, la instalación no seguirá operando.
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«Ahora mismo –explican–, la continuidad de la central no solo depende de que se dé marcha atrás al calendario, sino también de una revisión de la carga impositiva que está haciendo inviable mantener las centrales operando», declararon a HOY en enero. Estas mismas fuentes detallan que en base a los pagos previstos y la producción estimada, el cálculo es que las empresas propietarias de la instalación abonen en concepto de impuestos el próximo año 435 millones de euros, lo que equivale a 27,3 euros por cada megavatio hora producido.
Los impuestos y tasas le suponen a la planta extremeña entre el 45% y el 50% de sus costes totales, y en el escenario actual, ese porcentaje se mantendrá hasta el año 2035, según detallan desde la central, que pertenece a Iberdrola (posee el 52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%). Las tres empresas firmaron en el año 2019 un acuerdo con Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), la sociedad pública que se encarga del desmantelamiento de las centrales nucleares. La preside desde diciembre Olga García, antigua titular de Transición Ecológica en la Junta de Extremadura, quien ha sustituido a José Luis Navarro, exconsejero extremeño también.
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