La ministra Rego aborda con la fiscal de Menores un decreto para mejorar el sistema de acogida

Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado, la ministra ha «expuesto los avances» en los trabajos de ampliación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), «una norma pionera» que, según ha precisado, «va a ser mejorada para blindar el interés superior de las personas menores y hacer frente a la violencia vicaria».

De igual manera, ha señalado que, durante la reunión «se han abordado aspectos vinculados al Real Decreto de estándares mínimos del sistema de acogida que prepara el ministerio».

Este miércoles, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia señalaron que el Gobierno ultima un reglamento para fijar unas condiciones mínimas en el sistema de acogida de menores en todo el país, que establecerá umbrales mínimos de número de trabajadores y niños en centros de menores, un sistema de inspección obligatorio sobre las condiciones en los mismos e incluso un régimen sancionador en caso de incumplimientos e irregularidades, según recoge Europa Press.

Tal y como explicaron, se trata de una medida en la que llevan meses trabajando y que quieren tener lista cuanto antes, máxime tras el asesinato de la educadora social Belén Cortés en una vivienda tutelada en Badajoz por parte de tres menores. «Lo que ha pasado en Badajoz exige que se mejore todo», han apostillado las mismas fuentes.

La previsión por parte del departamento dirigido por la ministra Sira Rego es que el borrador de este decreto esté completado en una semana y en dos pueda iniciarse el procedimiento interno dentro del Gobierno, basado en recabar la opinión y consideraciones del resto de Ministerios.

Actualmente, existen casi 50.000 menores atendidos dentro del modelo de acogida, con unos 26.000 dentro del modelo de acogimiento familiar y cerca de 23.000 en centros gestionados por las comunidades autónomas, según los datos que maneja el Ministerio de Juventud e Infancia. Y recuerdan que el sistema de acogimiento es universal, sin distingos entre menores extranjeros y con nacionalidad española.

El objetivo de esta iniciativa es «elevar» y «mejorar» los estándares mínimos del sistema de acogida de menores, con un texto trabajado con sindicatos, entidades de los trabajadores de centros tutelados y de asociaciones de ex menores tutelados.

De esta forma, el objetivo es «reforzar» los derechos de los menores y las condiciones laborales de los trabajadores sociales y educativos.

Por ejemplo, se pautará un protocolo de inspección por parte de las autonomías obligatorio y cuyos datos se tendrán que reportar al Gobierno, dado que ahora esta condición no es imperativa para las comunidades.

En este punto, se establecerá un sistema sancionador para el caso de que se detecten irregularidades o incumplimientos de las condiciones mínimas de los trabajadores y de atención a los niños. Las cuantías de esas multas es un aspecto que se está pendiente aún de definir y que se quiere terminar de cerrar en los próximos días.

También se recogerá en el decreto la directriz de avanzar hacia la «desinstitucionalización» de los recursos de acogida, es decir, la apuesta por fomentar la atención en equipamientos más pequeños o entornos familiares y prescindir del modelo de «macrocentros», que es más preponderante en algunas autonomías como Madrid. Por ejemplo, explican que ya se aprobó en la anterior legislatura un plan que pauta la transición gradual en favor del acogimiento familiar o equipamientos más reducidos.

En la otra vertiente, se explicitará en el decreto un ratio del número de trabajadores mínimos por cada centro y el número de las plazas residenciales de los niños. Con ello, se busca potenciar los criterios de calidad de la prestación de este servicio básico.