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La iglesia católica extremeña está colaborando en la retirada de vestigios franquistas de sus propiedades con una implicación que merece ser destacada. Es lo ... que afirman las dos diputaciones de la región, cuyos servicios de memoria histórica y democrática mantienen con los tres obispados (Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia) una relación de trabajo fluida y eficaz.
«Están siendo extremadamente colaborativas y es de justicia señalarlo», asegura Fernando Ayala, doctor en Historia y responsable de la citada área en la Diputación de Cáceres, que al igual que la de Badajoz, cuenta con un comité de expertos en memoria histórica y democrática. Los dos tramitaron en su momento la elaboración de un catálogo de vestigios, que detalló los restos que había en cada municipio.
«Hay un elevado número de pueblos que están retirando vestigios paulatinamente», asegura Ayala, que aporta un dato: son 321 los de titularidad pública o privada retirados o anulados entre los años 2017 –cuando se aprobó crear el comité que encargó la elaboración del catálogo a una empresa especializada– y 2022, fecha de la última actualización. «La mayoría de esos restos son placas de calles dedicadas a personajes locales, provinciales o nacionales, y símbolos del exaltación del franquismo», concreta Ayala, que lamenta «que la Junta de Extremadura no haya desarrollado la ley autonómica en este materia».
El responsable de la Diputación cacereña explica también que la retirada de vestigios es una competencia municipal, y que la labor de la institución provincial en este ámbito es la de asesorar a los ayuntamientos. «Nosotros –desgrana Ayala–, no paramos en nuestra actividad relacionada con la memoria histórica y democrática, organizando ciclos de conferencias, conciertos, exposiciones, el premio Conchita Viera, concediendo subvenciones, firmando convenios con colectivos, interviniendo en exhumaciones o realizando labores de sensibilización social y de formación».
En el caso de Badajoz, su Diputación destaca que todos los ayuntamientos de la provincia excepto el de la capital (en total son 164) aceptaron las recomendaciones sobre eliminación de la huella franquista que les realizó el comité de expertos. «Hasta el año 2018 se habían retirado en la provincia 261 vestigios, y a día de hoy pueden existir escasos ejemplos de vestigios situados en especies privados, de los que no tenemos constancia», explica la institución pacense.
En los últimos años, amplía la administración provincial, «se han retirado la práctica totalidad de los vestigios existentes en espacios públicos de todos los municipios de la provincia de Badajoz, excepto los correspondientes a la capital».
En cuanto a solicitudes de asesoramiento por parte de ayuntamientos sobre qué hacer para retirar distinciones concedidas a franquistas (medallas municipales o títulos de hijos adoptivos, principalmente), no ha habido ninguna. «Pero sí han existido –matiza la Diputación pacense– algunas consultas puntuales de alcaldes y alcaldesas que nos han preguntado cómo hacerlo y les hemos asesorado».
El Ayuntamiento socialista de Acebo (576 habitantes) retiró el mes pasado de sus calles cinco placas franquistas, dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, los generales Mola, Varela y Queipo de Llano, y a Los defensores del Alcázar de Toledo. Así se lo había requerido por escrito el Defensor del Pueblo, que atendió la solicitud presentada por Jesús Carlos Rodríguez Arroyo, vecino de la localidad cacereña ubicada en la comarca de Sierra de Gata.
También él expuso en su día al alcalde la necesidad de cambiar el nombre al colegio de la localidad, dedicado a Celedonio García, exregidor que según la investigación histórica realizada por Rodríguez Arroyo, fue dirigente de Falange y protagonizó durante su vida varios episodios violentos. Este asunto fue analizado por el comité de expertos de la Diputación Provincial de Cáceres en su última reunión, celebrada el mes pasado.
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