La patronal extremeña pide que la revisión de contratos públicos acompañe a la subida de salarios

Uno de ellos es el referido a la actualización de precios de los contratos públicos. «No es muy específico, pero es contundente», señala Javier Peinado, secretario general de la Creex (Confederación Regional Empresarial Extremeña). Y es que el texto no se refiere a ningún sector concreto, pero sí tiene el respaldo tanto de los representantes de los empresarios como de los de los trabajadores. «Instamos al Gobierno a modificar la normativa (...) para eliminar la imposibilidad de realizar una revisión de precios», se lee en el acuerdo.

Esta petición se apoya en el aumento de los costes que están sufriendo las empresas. Entre ellos está el que supone la nómina de los trabajadores y que se ha incrementado debido, en algunos casos, a las repetidas subidas del salario mínimo (SMI) y, en otras ocasiones, por la renovación de convenios sectoriales que recogen alzas de los sueldos. «También afecta la inflación, como a las empresas de los comedores escolares, por ejemplo, con el encarecimiento de la alimentación», afirma el secretario general de la Creex.

Con esa modificación se pretende evitar las complicaciones de viabilidad que están notando algunas empresas que tienen contratos plurianuales con la Administración. «Hay casos en los que se presta el servicio perdiendo dinero», indica Peinado.

En esa situación, el líder de la patronal extremeña cita a empresas de limpieza, de vigilancia, de recogida de basuras, de mantenimiento o de cáterin. Por lo general, estas relaciones se regulan con contratos que se firman con una duración de varios años, por lo que la patronal considera que no están acordes al contexto económico actual y que no contemplan el incremento de los costes que las empresas están sufriendo, sobre todo a raíz de la pandemia.

Por eso, el texto que acordaron patronal y sindicatos a nivel nacional aboga por permitir la revisión de los contratos «ante el acaecimiento de cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación que impliquen incrementos de costes laborales».

Son muchos los servicios de la Administración que están prestados por empresas privadas. La atención a la dependencia o el transporte son otros dos ejemplos.

La imposibilidad actual de revisar los precios de los contratos públicos para que las empresas puedan cobrar más y así soportar el aumento de costes está, según Peinado, detrás de alguno de los conflictos laborales que se han producido recientemente en la región. «Hay empresas que se están resistiendo a subir los sueldos porque no tienen el apoyo de la Administración», entiende el secretario general de la Creex en referencia a las huelgas que ha habido en los servicios de limpieza de hospitales de la provincia de Cáceres.

En este sentido, desde la patronal consideran que si no se permite la revisión de los contratos puede haber un doble problema: por un lado que se deje de prestar el servicio y, por otro, que los trabajadores pierdan su empleo. «Los sindicatos han mostrado altura de miras en este caso a la hora de firmar esta reivindicación», defiende Peinado.

Pese a ello, no hay mucho optimismo en cuanto a que el Gobierno atienda ese apartado del AENC. «No tenemos ninguna perspectiva de que nos vayan a escuchar; creen que es suficiente con el decreto que ya publicaron, pero nosotros entendemos que no es así, que no se pueden parapetar tras la ley de Contratos del Sector Público (LCSP) ni tras la cláusula de riesgo y ventura por la que recae sobre las empresas el aumento de costes», insiste el secretario general de la Creex.