Las plazas para la acogida de menores que tiene Extremadura están ocupadas al 90%

Ese acuerdo lo defenderá en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que comienza a las 17 horas de este miércoles en Tenerife, en la que Extremadura, como el resto de comunidades autónomas, deberá decidir si apoya o no la reforma de la Ley de Extranjería y está dispuesta a asumir el reparto y a acoger a más menores migrantes no acompañados.

«Extremadura es solidaria y siempre lo será», ha declarado este martes la portavoz del gobierno regional, Victoria Bazaga, para ratificar la disposición de la Junta a continuar con las acogidas y sumarse al reparto junto con el resto de comunidades autónomas. Pero la portavoz también ha adelantado, como antes hiciera el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que es preciso que el Gobierno mejore la coordinación en materia migratoria y también que conceda más medios y recursos a las regiones para la acogida.

«Extremadura es responsable y asiste a la conferencia para escuchar, pero también para exponer su situación particular», ha adelantado igualmente Victoria Bazaga. «No todas las comunidades están en las mismas condiciones para afrontar esta atención», ha dicho también.

Será la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, la que fije la postura del gobierno autonómico en la sectorial de Tenerife y dé a conocer la situación en la que se encuentra Extremadura, donde sus diferentes recursos para la acogida de menores tienen una ocupación por encima del 90% en estos momentos.

Según los datos facilitados por su departamento, la comunidad dispone de 358 plazas, repartidas entre los siete centros de acogida y los 18 hogares que hay en las dos provincias, y suma 323 menores acogidos, de los que 74 son menores migrantes no acompañados. Dispone por tanto solo de 35 plazas libres en la actualidad y la propuesta del Gobierno es que acoja a 30 de los 347 menores de Canarias a repartir, siendo una de las comunidades que asumiría un mayor número.

La Junta se vería obligada a ampliar las plazas como tuvo que hacer pasado abril, cuando aprobó un contrato de emergencia para sumar ocho plazas más. Una contratación que acabará el próximo diciembre y que, cabe recordar, se llevó a cabo para atender a menores no acompañados ante las dificultades para darles asistencia en los recursos de la red autonómica.

«En los últimos meses se ha registrado un aumento significativo de las acogidas de migrantes del centro de atención de emergencias y derivación de Mérida procedentes de otros centros gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones», señaló entonces Bazaga para justificar el contrato de emergencia. Indicó que la Junta de Extremadura ya había acogido a veinte menores, en su mayoría varones de entre 13 y 18 años, y que está situación estaba generando «cierta tensión en los recursos del sistema de protección de niños y adolescentes».

El aumento en las acogidas se ha producido en los primeros seis meses de este año si se tiene en cuenta que a finales de 2023 eran 55 los migrantes no acompañados a los que se atendía en la red autonómica y en la actualidad son 74. De ahí la necesidad de disponer de nuevos espacios «para poder garantizar su adecuada atención y protección», agregó Bazaga.

Pero el reparto al que no se opone Extremadura llega en medio de un ambiente caldeado por la amenaza reiterada por Vox de romper con el PP en donde gobierna si acepta el reparto de menores migrantes. Como es el caso de la región, donde María Guardiola gobierna en coalición con el partido de Abascal.

De hecho, ha sido este martes cuando Vox ha dado el último aviso al PP. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho que los acuerdos de gobierno «no son una broma ni un cheque en blanco y hay que cumplir lo pactado». Ha reiterado que «romper es romper» y que, por tanto, «si el PP cede a la presión de Sánchez, tendrá que gobernar con el PSOE».

Millán mantiene que «el PP sabe perfectamente lo que quiere Vox, que es proteger nuestras fronteras, hacer valer las leyes y salvaguardar la seguridad de los españoles». Por eso, «si conociendo esto, firman unos acuerdos para llegar a los gobiernos, ahora hay que cumplirlos».

El PP en Extremadura, por su parte, mantiene que no teme la amenaza de Vox. «Un pacto se rompe cuando no se cumple», ha respondido este martes Victoria Bazaga. «Tenemos un acuerdo de 60 medidas que vamos a cumplir», ha dejado claro la portavoz regional, «pero entre ellas no está lo que reclama Vox». En el acuerdo de gobierno firmado el 30 de junio de 2023 entre María Guardiola y el presidente del grupo parlamentario de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, no aparece ninguna medida relacionada con la política migratoria.

«Debemos reflexionar sobre lo conseguido, un cambio que ha dado más estabilidad económica a las familias, que ha reducido el paro, que ha aumentado las exportaciones, que ha acabado con el infierno fiscal». Para el PP, «Extremadura funciona y no hay preocupación por la ruptura».