Podemos pide un plan de empleo de 86 millones para apoyar los Presupuestos

Podemos pone sus condiciones para apoyar los Presupuestos autonómicos para 2018. La formación morada exige un plan de empleo dotado con 86 millones de euros (el 0,5% del PIB regional), otros 86 millones para la renta básica y que estar en situación de exclusión social deje de ser un requisito para poder cobrarla.

El secretario general dePodemos Extremadura, Álvaro Jaén, presentó este lunes junto a varios miembros de la formación el denominado plan de garantías, el documento que han entregado a la Junta de Extremadura para negociar sobre las cuentas del próximo año.

Como avanzó la pasada semana, Podemos basa su propuesta en cuatro grandes ejes. Este elaborado documento parte en cada caso de un análisis de la situación actual, al que acompañan medidas concretas.

El primer eje se denomina programa de innovación y energía. Plantea que se ejecuten correctamente los fondos destinados a investigación que proceden de la Unión Europea y del Gobierno, así como una especial atención a la promoción de las renovables. También pide que la Junta destine a este programa de forma adicional a las líneas existentes un mínimo anual del 2% del Producto Interior Bruto regional, lo que supone más de 350 millones de euros.

El segundo punto es el llamado plan de garantías de empleo, en el que se pide un plan de empleo social que llegue a 86 millones de euros y consiga la contratación de 12.000 personas en condiciones de calidad. Esta medida debería ser una realidad a los dos meses de la aprobación de los Presupuestos. Podemos también reclama un plan de empleo autónomo con un aumento de la dotación actual (no cuantificada) y medidas de acompañamiento para asegurar el éxito de las ayudas.

En tercer lugar, el plan de garantías de derechos sociales contempla una modificación de la renta básica, ya que «el actual modelo no funciona», dijo Jaén. Podemos quiere cambiar la ley para que estar en situación de exclusión social no sea requisito para cobrarla. Esta reforma, que debería estar en un plazo de dos meses tras la aprobación de los Presupuestos, supondría ampliar de forma considerable el derecho a percibir la prestación. Con ese fin, pide aumentar a 86 millones la dotación prevista. También reclama 12 millones para mínimos vitales y 3 para contingencias. En los tres casos estas cifras ya están comprometidas para 2018 en la Ley de medidas contra la exclusión social. Pero también pide 5 millones más para subvenciones al alquiler y otros 7 millones para ayudas para libros de texto y material escolar.

El último punto, llamado Recuperar nuestra sanidad, propone aumentar el gasto sanitario en 100 euros por habitante al año durante cuatro años (400 millones en total) para recuperar los niveles de 2009, además de regresar a los parámetros de ese año en personal e inversiones. Asimismo, pide reducir el gasto farmacéutico con programas de uso racional del medicamento y con un plan para que el consumo de genéricos represente el 20% del total.

Álvaro Jaén no aclaró en la presentación cuáles de estas medidas se consideran líneas rojas y por tanto son imprescindibles para alcanzar un acuerdo sobre los Presupuestos. A su juicio, todas son asumibles por el PSOE, sobre todo teniendo en cuenta que la previsión de la Junta es que el próximo año habrá más dinero disponible. Eso evitaría tener que recurrir a medidas adicionales para aumentar los ingresos y limitaría el posible acuerdo a las partidas de gastos.

Para el secretario general de Podemos Extremadura, más allá de medidas concretas la formación exige al PSOE un compromiso político para que lleve a cabo el programa progresista con el que se presentó a las eleciones autonómicas de 2015.

Después de dos años rechazando los Presupuestos de la Junta, Podemos considera que el aumento previsto en los Presupuestos del próximo año presenta un nuevo escenario con el PSOE. Pero también ha rebajado algunas de las exigencias planteadas en sus enmiendas a la totalidad a las cuentas de 2016 y 2017, como una auditoría de la deuda o que las modificaciones de crédito se decidan en la Asamblea. Eso sí, exige una comisión de seguimiento y que las partidas afectadas por el pacto no se puedan cambiar sin el visto bueno del Parlamento.