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La supuesta prevaricación administrativa que el alcalde de Villanueva de la Sierra (Cáceres, 470 habitantes) Felipe Saúl Calvo, llevó a cabo para contratar ... personal y servicios entre 2022 y 2023 fueron juzgados este martes en la Audiencia Provincial de Cáceres. El regidor, del PSOE, se enfrenta a los 15 años de inhabilitación para su cargo que le solicita la Fiscalía. La acusación particular, que recoge la querella de dos concejales populares del Ayuntamiento de esta localidad, pide por su parte penas por falsedad en documento público y fraude procesal (seis años de prisión por elaborar los bandos a posteriori para evitar el proceso judicial), además de prevaricación en concurso y malversación de fondos al llevar a cabo contratos fuera de lo que marca la ley. La acusación solicitó un total de cuatro años por cada una de las prevaricaciones en concurso, lo que sumaría 28 años, pero se superarían los límites máximos, por lo que no podría llegar a cumplirse.
Según el abogado de la acusación particular, Javier Casado, los hechos son mucho más que irregularidades. «El testimonio de la secretaria-interventora no deja lugar a dudas, el alcalde hacía las contrataciones como le daba la gana». Casado indica que el alcalde «fraccionaba contratos para evitar sacarlo a licitación pública». En cuanto a las contrataciones para la residencia de ancianos estas se hacían sin expediente. «No había bandos ni proceso de selecdión ni nada de nada, defendemos que no es una mera irregularidad porque la secretaria-interventora viene poniendo los mismos reparos desde 2018 hasta ahora y los que hemos enjuiciado eran de 2022, en 2018 el alcalde podía decir que no sabía lo que había que hacer, pero desde 2019 no, pero siempre lo ha hecho así».
Laura Batuecas, la abogada defensora del alcalde, solicitó por su parte su absolución y argumentó durante el juicio que el edil actuó en todo momento «por el bien de la comunidad» y trató de garantizar la asistencia de la treintena de mayores que viven en la residencia de esta localidad. «Se ha contratado a personal laboral, se han respetado las partidas presupuestarias siempre», señaló la letrada. ·El dinero ha ido destinado a puestos de trabajo que siempre han existido o se han creado conforme fueran necesario, los reparos de la secretaria no se basan nunca en insuficiencia de crédito, esto es causa para entender que no hubo ningún tipo de malversación». Por otro lado, según subrayó Batuecas, «no existe ninguna sanción por parte del Tribunal de Cuentas, ni que haya nada anómalo».
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