PP y Vox aprueban las rebajas fiscales en Extremadura pero chocan en materia de inmigración

La ley de medidas tributarias deriva del decreto-ley que fue aprobado por la Junta de Extremadura a finales de enero, y que recogía las rebajas para facilitar el acceso a la vivienda que fueron rechazadas por los grupos de la oposición (entre ellos Vox, que criticó que no se habían negociado) y las propuestas fiscales que estaban incluidas en el proyecto de cuentas para 2025. El acuerdo se anunció hace un mes y se consumó este jueves.

El pacto con Vox incide en algunas de las mejoras planteadas por el Gobierno regional del PP, especialmente en ampliar el acceso al tipo reducido del 7% en el impuesto de transmisiones patrimoniales, con un gravamen aún más rebajado del 4% para jóvenes y otros colectivos. También crea una reducción del 50% de la ITV para profesionales y una nueva bonificación para cotos de caza. El partido de Abascal destaca que sin su respaldo no habría salido adelante una norma que ha incluido «siete enmiendas clave que mejoran de manera importante el contenido de la norma».

El nuevo entendimiento entre los dos partidos que formaron el gobierno extremeño de coalición tiene lugar al mismo tiempo que el PP ha abierto la puerta a pactar con Vox los presupuestos autonómicos, como ha sucedido en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la presidenta de la Junta, María Guardiola, afirmó que la negociación para la aprobación de las cuentas de este año es «un capítulo pasado».

Así respondió al presidente del Grupo Socialista en la Asamblea, José María Vergeles, quien afirmó que «Mazón ha iniciado el camino para pactar los Presupuestos de 2025», por lo que preguntó si Guardiola quiere volver a negociar a cambio de más concesiones en materias como educación y sanidad pública.

El presidente del Grupo Vox, Ángel Pelayo Gordillo, también pidió a Guardiola que valore el acuerdo alcanzado en Valencia. A su juicio, el PP extremeño no quiso aceptar las «razonables condiciones» que puso su partido para aprobar las cuentas de 2025, que según dijo se basaban en una reducción del «gasto superfluo» y en una revisión del problema de la inmigración.

María Guardiola recordó que las competencias en materia de inmigración corresponden al Gobierno central. También recordó que Vox rompió los pactos de gobierno con el PP en varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, por el reparto de menores migrantes no acompañados, ya que pedía que los ejecutivos populares se opusieran a esa medida. «Mi posición no ha cambiado», aseguró. Por ese motivo, pidió a Gordillo centrarse «en lo que nos une», como las 60 medidas que se recogieron en el pacto de investidura y «que se pueden seguir desarrollando».

La aprobación de las nuevas rebajas fiscales ha recuperado el clima de entendimiento entre PP y Vox, pero eso no implica un acuerdo total. Por ejemplo, en el pleno también se rechazó, con los votos del Grupo Popular, una propuesta del partido de Abascal para reservar plazas para militares en las oposiciones a policías locales.