PP y Vox rechazan extender el respiro familiar a los pueblos de menos de 4.000 habitantes

«Saben que han elaborado un plan de manera unilateral, saben que se han confundido, que no es justo, que se carga un poco más la Extremadura rural», expuso la diputada socialista Nayara Basilio para reclamar el apoyo de los grupos de la Asamblea a una propuesta que pretendía extender el plan de respiro familiar al conjunto de la región y aumentar su presupuesto. «Una semana en la playa cuesta más de 500 euros», puso de ejemplo para explicar que las cuantías recogidas en las diferentes modalidades de servicio incluidas en el plan son insuficientes.

«El plan tiene que se afinado porque tiene errores, porque excluir al 30% de la población es un error», dejó claro el diputado Juan José García. Sin embargo, a pesar de que Vox cree necesario aumentar el presupuesto y extender a las poblaciones de menos de 4.000 habitantes el primer plan regional de respiro familiar, con el que se fortalece la atención a un colectivo vulnerable a pesar de sus carencias y que hasta el momento estaba solo en manos de las organizaciones del Tercer Sector, no respaldó finalmente la propuesta socialista.

No lo hizo porque entendió de manera errónea y el PSOE no supo aclararlo, que la propuesta no pretendía volver al modelo anterior, basado en subvenciones a las asociaciones para que prestaran un servicio que no ofrecía la administración, sino solo no dejar fuera a quienes conocen las necesidades de los cuidadores y permitir por ello que «el servicio de asistencia en establecimiento externo no sociosanitario siga siendo prestado por entidades del Tercer Sector», tal como recogía la iniciativa del PSOE.

«La politización de todo no es la solución», fue el argumento de la diputada Teresa Tortonda para justificar el rechazo del PP a la propuesta, volviendo a obviar al 30% de extremeños a los que el Gobierno autonómico ha excluido del plan para centrarse en el 70% que sí tiene acceso a él.

«Es una lástima que jamás reconozcan los errores que cometen», respondió Basilio a Tortonda, pero la propuesta no salió adelante porque el PSOE solo contó con el voto a favor para ello de Unidas por Extremadura, que aparcó la politización y respaldó tanto el plan regional del PP como la propuesta del PSOE para mejorarlo.

«El plan actual es mejor que el sistema que había, las subvenciones nominativas, porque el reconocimiento de un derecho, como es que los cuidadores tengan un respiro, no puede recaer en manos del Tercer Sector», expuso del diputado José Antonio González Frutos. «Pero la propuesta del PSOE mejora el plan porque el reconocimiento de un derecho tiene que ser universal y, por tanto, no se puede excluir a una parte de la población», ahondó.

La politización y la política de bloques también han impedido que se haya aprobado en la Asamblea la propuesta de Unidas por Extremadura para que se imparta educación sexual integral como asignatura en colegios e institutos.

La diputada Nerea Fernández defendió la necesidad de contar con esta materia en el currículum escolar para evitar que la pornografía siga siendo una herramienta educativa para los menores, como han denunciado expertos de distintos ámbitos y tras constatarse que la violencia sexual va a más en la región.

Su propuesta contó con el apoyo del PSOE y el rechazo de PP y Vox. Los primeros, porque consideran que ya se imparte educación sexual en la escuela extremeña de manera transversal, y los segundos «porque no queremos la educación sexual que nos quieren colar ustedes con contenidos que roban la inocencia de los niños, no queremos contenidos para pervertirlos», respondió el diputado de Vox, Óscar Fernández. «Yo no les voy a dejar ni que miren a mis hijos», dijo a los diputados de Unidas por Extremadura, «porque son un peligro público, nuestro objetivo es proteger a nuestros hijos de ustedes».

«En la cueva en la que viven hay demasiado odio, desinformación, negacionismo e ignorancia», replicó la diputada socialista Soraya Vega a los de Vox. «Utilizar la ideología es no hacer nada y negar los datos», les dijo también la diputada Nerea Fernández, tras recordar que los delitos sexuales cometidos por menores se han disparado un 120% en la región.