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La Asociación Amigos de Monfragüe defiende que los propietarios de fincas en el parque nacional extremeño y los ayuntamientos de los términos municipales en ... los que se ubican esos terrenos deben ser indemnizados cada uno de ellos en 50 euros por hectárea al año. En el caso de los dueños de parcelas, el pago se justifica como compensación por el dinero que dejan de ingresar al no poder desarrollar en sus propiedades prácticas como la caza o la tala comerciales, prohibidas en el espacio protegido. Y en el caso de los consistorios, para resarcir el quebranto que suponen los jornales perdidos por los vecinos de esos municipios, al no poder ser contratados para esas tareas que se desarrollaban en el lugar antes de la declaración de parque nacional en el año 2007. Las administraciones locales, añade el colectivo, deberían destinar ese dinero a contratar parados.
La propuesta forma parte de las alegaciones presentadas al nuevo PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión), el documento que fija qué se puede hacer y qué no en el espacio natural más protegido de Extremadura. Este plan se actualiza cada diez años y el nuevo está en fase de alegaciones.
«Es obvio que los propietarios necesitan compensaciones por las rentas dejadas de percibir», plantea Amigos de Monfragüe. «Y también –continúa– los trabajadores desempleados las necesitan, para mantener su actividad laboral y sus niveles de renta, aunque no puedan realizar las mismas en el interior del espacio protegido». La solicitud afecta a los siete los pueblos con suelo en el parque nacional: Serrejón, Toril, Malpartida de Plasencia, Serradilla, Torrejón el Rubio, Jaraicejo y Casas de Miravete.
La asociación cita el caso del parque nacional de Doñana, donde «el Ministerio para la Transición Ecológica –explica– ha aprobado compensaciones para los municipios, que irán de los cuatro a los ocho millones». «A igualdad de situaciones, igualdad de trato», resume Amigos de Monfragüe, que propone también autorizar la pesca como un método más para erradicar la población de especies invasoras de las que «están plagadas las aguas de los embalses de los ríos Tajo y Tiétar y sus afluentes».
Sobre la caza, la asociación pide que «el pago de los perros, postores, cargueros y organizadores de las batidas de control, así como los gastos para señalizar los puestos, la recogida de reses y la comida de los participantes, no se consideren actividad económica, y por tanto, puedan prorratearse, como se hace en cualquier actividad privada de invitación». Y que se pueda comercializar «lo obtenido legalmente» durante esas jornadas cinegéticas.
También defiende permitir «las podas, entresacas, clareos y desbroces», y solicita «el cese de los aprovechamientos hidroeléctricos que se realizan en los embalses de Torrejón-Tajo, Torrejón-Tiétar y Alcántara en lo que afecta al interior del parque nacional». Además, rechaza la central de bombeo prevista en Valdecañas valiéndose de los embalses de Torrejón, y solicita que todo desembalse cuente antes con el visto bueno del Patronato y la Junta.
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