Ochenta proyectos en zonas protegidas de Extremadura reciben cada año informe desfavorable

La Red Natura se creó en 1992 por una directiva europea, de obligado cumplimiento para los países miembros de la UE. Esa norma define las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) e identifica cuáles son los hábitats y las especies a proteger.

En esa red se incluyeron también las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) acogidas a otra directiva europea, de 1979, cuando ni siquiera se había aprobado el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Esa norma comunitaria que afectaba a aves silvestres se modificó treinta años después, en 2009.

Tanto la legislación nacional como la autonómica adaptaron en los años 90 y 2000 las directivas comunitarias, lo que dio como resultado la identificación de la Red Natura, que se puede definir como una relación de lugares de alto valor ecológico que configura el principal instrumento para desarrollar las políticas de la Unión Europea orientadas a garantizar la conservación de la biodiversidad. Existen otras figuras de protección, como los parques naturales, las reservas naturales y los lugares de interés científico, pero no forman parte de la red europea, que cuenta con financiación específica para su conservación.

Por tanto, la Red Natura 2000 se forma por los LIC, que posteriormente fueron transformados en ZEC, más los ZEC declarados de forma expresa más las ZEPA. En los primeros años de aplicación los esfuerzos se centraron en declarar los lugares que debían formar parte de estas categorías. En una segunda fase se fijaron las herramientas de gestión con las medidas concretas para asegurar su conservación. En Extremadura esto se hizo principalmente mediante un decreto de la Junta del año 2015.

Según los datos que maneja el Gobierno regional, la Red Natura 2000 en Extremadura está integrada por 71 ZEPA y 89 ZEC, con una superficie aproximada de 1,27 millones de hectáreas, lo que se corresponde con algo más del 30% de la superficie de la comunidad. Hay que tener en cuenta que hay espacios, como Monfragüe, que se acogen a las dos medidas de protección.

Sin embargo, nunca se llegó a producir una declaración expresa de 55 de las 71 ZEPA de la región, algo que ahora se quiere corregir con una propuesta de ley presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura. Lo lógico es que se tratase de una iniciativa del Gobierno regional, pero eso hubiese requerido meses de trámites de exposición pública, elaboración de informes y emisión del dictamen del Consejo de Estado. La previsión es que la nueva norma se apruebe el 9 de marzo.

La propuesta de ley del PSOE identifica como ZEPA esos 55 territorios, que ya figuraban en el decreto autonómico de 2015, pero que nunca tuvieron una declaración específica. Algo que no sucede con los otros 16. Los más antiguos, incluso de 1991, fueron incluidos en la Ley de Conservación de la Naturaleza de Extremadura, de 1998. Se trata de Monfragüe, Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Sierra de San Pedro, Sierra Grande de Hornachos y Embalse de Orellana y Sierra de Pela.

Además de estos seis, otras ocho ZEPA fueron declaradas por un decreto autonómico del año 2000. Se trata de La Serena, Sierra de la Moraleja, Sierra de Siruela, Dehesas de Jerez de los Caballeros, Puerto Peña-Sierra de los Golondrinos, Sierra de Villuercas e Ibores, Canchos de Ramiro y Cedillo-Tajo Internacional.

Estos catorce espacios, los declarados en 1998 (o incluso en años anteriores) y los clasificados en 2000, son los más importantes, destacados y conocidos de Extremadura. A estos se sumaron otras dos ZEPA, las más recientes, las colonias de cernícalo primilla y el Cachón de Plasencia y la colonia de cernícalo de Jerez de los Caballeros. Estas últimas designaciones se llevaron a cabo mediante un decreto autonómico de 2015 que se publicó apenas un mes antes de la norma que regula la Red Natura en Extremadura y en la que ya aparecen identificadas las 71 zonas.

Sin embargo, la propuesta del PSOE señala que esa mera relación no es suficiente y que no basta con una mención en esa y otras normas posteriores, sino que se necesita una declaración expresa para preservar esos espacios y por seguridad jurídica.

Según recoge, en su día sólo se plantearon unas propuestas de clasificación que órganos técnicos y directivos inferiores remitieron al Gobierno para su envío a la Comisión Europea. Pero ni unos ni otros tenían la competencia para la declaración, algo que corresponde en exclusiva a la comunidad autónoma.

La propuesta de ley señala que esto pudo deberse a un equívoco, ya que se siguió en parte el procedimiento recogido en la directiva comunitaria para la declaración de ZEC, pero que no se aplica para las ZEPA. «En todo caso, después de que la Comisión Europea las incluyera en sus listados», añade, «ni siquiera la Junta de Extremadura aprobó esa propuesta». Pero se dio por supuesto que habían sido declaradas por la UE y se actuó como tal.

La nueva norma aspira a corregir ese supuesto error con una declaración expresa, pero también propone regular los usos permitidos en esas zonas protegidas.

El Tribunal Constitucional ha fallado que los terrenos de la Red Natura deben ser considerados suelos no urbanizables de especial protección. Eso implica que prácticamente no pueden albergar ninguna actividad.

Sin embargo, la propuesta del PSOE recalca que esas áreas ocupan en ocasiones una gran superficie, y que no en todos los casos los valores naturales a proteger son los mismos. De ahí que plantee su zonificación con posibilidades de usos distintos.

Esto lleva al siguiente aspecto que recoge la ley, una disposición que pretende legalizar las construcciones edificadas en la promoción Isla de Valdecañas, sobre la que se mantiene un litigio para su derribo por haberse levantado en una ZEPA. La propuesta señala que el complejo apenas ocupa el 1,63% de la zona protegida, y que además no ha dañado el espacio. Algo que, paradójicamente, podría producir su derribo.

En definitiva, la nueva ley tratará de salvar una vez más el proyecto de Valdecañas, pero insertándolo en un propósito más profundo, que no es otro que flexibilizar los usos en las ZEPA. Algo que abriría la puerta a que algunas de esas 80 actividades denegadas al año puedan ser admitidas a partir de ahora.

Pero el texto también deja alguna duda. Si se admite que 55 zonas protegidas en realidad no lo eran, ¿cómo se explica que durante los últimos años se hayan denegado proyectos empresariales alegando que se trataba de espacios a conservar?