PSOE y Unidas denuncian que el Ejecutivo no ha mediado siquiera

Para la portavoz socialista, «el gobierno de Guardiola está preocupado porque las eléctricas no paguen impuestos en Extremadura pero de los agricultores no dicen ni pío», mientras, explicó, existe la ley de la cadena alimentaria para activar el Observatorio de Precios, cuya función es hacer informes objetivos para ayudar en la negociación como ya se hizo con la cereza y la ciruela.

«¿Dónde está la consejera de Agricultura en todo esto?, se preguntó. «Seguro que está presidiendo el Consejo Asesor Agrario solo para hacerse la foto mientras que podría haber actualizado al menos el informe de los precios del tomate», finalizó.

Por su parte, Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, señaló que desde que el PP está al frente de la Junta «no se ha publicado ni un coste de producción oficial» para evitar los abusos de las grandes empresas y los intermediarios a los productores extremeños.

De Miguel expresó que los precios fijados en los contratos del tomate están «por debajo del coste de producción debido a la insumisión del PP a la ley de la cadena alimentaria». Y recordó que la Junta puede mediar «entre las partes como ha hecho el gobierno de Castilla y León con el sector lácteo».