«Es un sector con mucha precariedad», reconoce Guillermina Velázquez (1979, Paraguay), que trabaja como empleada de hogar desde hace 15 años. En estos momentos tiene un contrato a jornada completa, pero no ha sido así en todos sus empleos. «No siempre he estado dada ... de alta», admite. Nada extraño en el sector.
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Actualmente trabaja como interna y reconoce que dentro del sector de las empleadas del hogar es uno de los colectivos más vulnerables. «Siempre se trabajan muchas más horas de las que marca el contrato; es el esclavismo moderno», afirma.
Karla Chavarría también tiene experiencia como interna. Desde su posición como presidenta de la Asociación Extremeña de Personas Trabajadoras del Hogar defiende que habría que abolir el régimen interno. En ese sentido, una de las reivindicaciones que mantiene el colectivo es que las inspecciones laborales tengan más facilidades para actuar. «Los domicilios son inviolables y de puertas adentro se cometen muchas injusticias», apostilla Chavarría.
Karla Chavarría
Presidenta de la asociación de empleadas del hogar
Sonia Chanclón
Trabajadora
En su trayectoria profesional en España, Velázquez consiguió mejoras laborales al tener permiso de trabajo y de residencia. «Hay mucha diferencia de salario y de condiciones laborales cuando ya tienes los documentos en regla», asegura esta trabajadora sobre un colectivo formado en más de un 95% de los casos por mujeres y en el que las personas inmigrantes también tienen un peso muy destacado. «Tenemos el doble riesgo de vulnerabilidad por ser inmigrantes», comenta Chavarría, que es de origen hondureño.
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Aun así, Velázquez considera que regularizar la situación en el país no significa que se acabe la precariedad.
Le da la razón Sonia Chanclón (1983, Madrid): «Yo nunca he estado dada de alta cuando he trabajado como empleada de hogar». Ella estuvo menos de un año limpiando en casas y actualmente tiene contrato en una empresa de servicios de limpieza de Cáceres.
Los motivos para aceptar trabajos sin contrato son muy variados, pero detrás de todos ellos siempre se llega a la misma respuesta: la necesidad. «No te queda otra que aceptar a pesar de que te duele y que sabes que estás rompiendo tus derechos tu misma», señala Velázquez. «Te puedes negar, pero es la propia vida que te dice que tus hijos tienen que comer», remarca Chanclón en esa línea.
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Por eso, desde el colectivo de empleadas de hogar creen que todavía queda mucho camino por recorrer para igualar su situación a la del resto de asalariados. A pesar de que se sigan dando pasos hacia adelante. «Nos sentimos más cobijadas y arropadas ahora», dice la presidenta de las trabajadoras del hogar, acerca de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.
Las principales novedades que aporta el decreto ley van en dos direcciones: las empleadas de hogar cotizarán por desempleo por lo que tendrán derecho a paro, y los empleadores deberán justificar la causa de despido. En definitiva se van equiparando los derechos de este colectivo, que en Extremadura agrupa a cerca de 4.200 personas, a los que cualquier otro asalariado. «Al 80% de las inscritas como empleadas de hogar se les garantiza el subsidio por desempleo, por lo que se beneficiarán 3.300 personas en la región de este derecho», expuso ayer Juan Antonio González, portavoz de la Junta de Extremadura.
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La asociación de empleadas del hogar recibe con alegría las medidas que vienen a complementar el convenio 189 –sobre los trabajadores domésticos– que se ratificó el pasado mes de junio. «Tenemos la esperanza de que no se nos despida por cualquier razón y nos llena de gozo que nuestras compañeras puedan disfrutar del subsidio por desempleo en caso de quedarse sin trabajo», aporta Chavarría, que añade que en ocasiones que ha perdido el empleo no ha recibido ninguna compensación ni pago por las vacaciones no disfrutadas.
Pese a estas mejoras legislativas para el colectivo, desde la asociación temen que el aumento de costes que supondrá para los empleadores la entrada en vigor de estas medidas suponga que haya más trabajo en condiciones irregulares. «La norma viene con un aumento de la cotización a la Seguridad Social –tanto para los empleadores como para los trabajadores– y ya hay quienes prefieren no darte de alta», detalla Velázquez, que insiste que entre las irregularidades que ha sufrido la más habitual es firmar contratos de media jornada y trabajar la jornada completa.
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El decreto ley al que el Consejo de Ministros dio el visto bueno pretende mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar. Lo hace en tres vías: el derecho a cobrar subsidio por desempleo, la obligación de los empleadores de aportar causas para el despido y el desarrollo de políticas de formación para el colectivo.
Eso sí, no se termina de homologar la situación de las trabajadoras domésticas a la del resto de asalariados. En su caso, deberán cotizar un mínimo de doce meses para poder cobrar la prestación por desempleo. Esto supone que aumenta la cotización a la Seguridad Social que deben realizar tanto los empleadores como las empleadas, que también tendrán la obligación de cotizar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). «Esto va a dificultar que las familias con menos ingresos contraten a empleadas del hogar, aunque vayan a tener descuentos en esas cotizaciones», entiende Karla Chavarría, presidenta de la asociación extremeña de empleadas de hogar, pese a que considera que las nuevas medidas son positivas para el colectivo.
En lo que al despido se refiere, ya no se podrá poner fin al contrato por parte del empleador sin justificar la causa. Hasta ahora, bastaba con que esgrimiera que ya no necesitaba que se continuara con la prestación del servicio para dar por terminada la relación contractual. A partir de la entrada en vigor del decreto ley se deberán acreditar motivos para hacerlo. Se busca con ello una mayor protección de los trabajadores. «En ocasiones la familia te decía que la persona a la que cuidabas se iba a ir a una residencia y eso bastaba para perder el empleo sin tener ninguna compensación», según Chavarría.
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