La región debe devolver a las eléctricas 1,45 millones por la ecotasa de 2013

El Gobierno estima que los consumidores extremeños deberán devolver a las eléctricas 1,45 millones de euros por el impuesto regional de actividades que inciden en el medio ambiente que tuvieron que pagar las compañías en el año 2013. Por su parte, la Junta de Extremadura insiste en que no se puede repercutir en la factura el importe de este impuesto autonómico.

El Ministerio para la Transición ecológica ya cuenta con una propuesta de orden para aplicar los llamados suplementos territoriales, unos complementos que deben incluirse en las facturas de los consumidores de aquellas comunidades autónomas que en el año 2013 contaban con impuestos propios a las eléctricas. El impacto económico en Extremadura será de 1,45 millones de euros, 1,38 millones de principal y más de 76.000 euros de intereses.

Sin embargo, la Junta de Extremadura sigue en contra de una medida que considera injusta. Según indica la Consejería de Hacienda, el Gobierno regional ha presentado alegaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para evitar el pago en factura. «La comunidad extremeña no está de acuerdo ni con el importe recogido en la orden, ni con el pago de intereses por esta cuestión, ni con la forma de pago», añade.

Hacienda recuerda que la normativa sobre el impuesto a instalaciones que incidan en el medio ambiente, conocido como ecotasa, señala expresamente que las empresas que abonen este tributo no lo podrán repercutir en los ciudadanos mediante un incremento de las facturas. «Por tanto, esta cuestión no se va a ver reflejada en el coste del recibo de la luz que pagan los extremeños», añade la consejería. Una postura que choca con los trámites que ha llevado a cabo el Gobierno.

Los peajes de acceso de energía eléctrica forman parte del precio de la electricidad y están destinados a cubrir diferentes partidas del sector con retribución regulada. Entre otros, cubren el coste de las actividades de redes (transporte y distribución de energía eléctrica) y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen primado.

La situación actual tiene su origen en el año 2007, cuando se reformó la Ley del sector eléctrico para incluir un artículo según el cual, en caso de que las actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de carácter autonómico o local, al peaje de acceso se le podría incluir un suplemento territorial para compensar ese gasto.

En 2012, el real decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad convirtió esta posibilidad en una obligación, lo que implicaba la necesidad de adaptar los peajes de acceso en cada comunidad en función de los tributos autonómicos o locales en vigor. Sin embargo, el Gobierno no aplicó esta medida en las dos normas que aprobó para fijar los precios del año 2013.

A finales de ese ejercicio se volvió a cambiar la ley y la inclusión de los suplementos territoriales recuperó su carácter opcional. Pero durante un año completo estuvo en vigor la redacción de la ley que los convertía en obligatorios. Las eléctricas reclamaron los pagos correspondientes hasta llegar a los tribunales. En sendas sentencias de los años 2014 y 2016 el Supremo ordenó la aprobación de los complementos correspondientes para compensar a estas empresas por los impuestos autonómicos que pagaron en 2013.

Ante las dificultades para ejecutar estas sentencias, el Gobierno finalmente reclamó a las comunidades autónomas y a las empresas datos sobre el dinero que habría que devolver, para lo que emitió una orden sobre cómo recabar esa información. Una vez obtenida, el Ministerio para la Transición ecológica cuenta con un borrador de orden que revisa en cada comunidad los peajes de acceso que estaban en vigor en 2013 con el objetivo de que los consumidores compensen a las eléctricas por los impuestos autonómicos que tuvieron que pagar ese año.

En el caso de Extremadura, el Gobierno contemplaba inicialmente compensaciones por tres impuestos: la ecotasa, el impuesto de residuos en vertederos y el canon del agua. Sin embargo, finalmente sólo habrá que pagar por el primero de ellos, y en una cuantía muy inferior a lo recaudado por la Junta ese año.

En concreto, la Administración regional ingresó más de 98 millones por la ecotasa en 2013. Finalmente, sólo sería necesario compensar 1,45 millones, ya que los peajes de acceso se limitan a ciertas actividades de las eléctricas, en concreto a transporte de energía eléctrica, distribución y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Según recoge el ministerio en la memoria económica de impacto que acompaña a su propuesta de orden, para establecer la cuantía a devolver ha contado con la información facilitada por la Junta de Extremadura. El Ejecutivo regional no atendió al primer requerimiento del Gobierno, pero sí respondió a la petición realizada este año. En concreto, apuntó que ni el canon de saneamiento ni el impuesto de residuos en vertedero afectan a las actividades de transporte, distribución y producción de energía. En cuanto a la ecotasa, sólo aportó los datos de las empresas que han solicitado la emisión del certificado correspondiente.

Finalmente, la cuantía a devolver asciende a 1.372.624,06 euros, a lo que hay que añadir 76.378,07 euros de intereses de demora por los retrasos que se han producido durante la ejecución de las sentencias del Supremo.

Para calcular los suplementos territoriales de cada comunidad se ha tenido en cuenta la relación entre la cantidad a devolver y la recaudación por peajes de acceso que se produjo en el año 2013. En el caso de Extremadura, en ese ejercicio se registraron cerca de 550.000 clientes que abonaron por este concepto algo más de 240 millones de euros. Como la cantidad a compensar supone el 0,6% de esa cuantía, es necesario incrementar los peajes en el mismo porcentaje.

En cuanto al impacto real, la memoria del proyecto de orden analiza el efecto de la medida para una factura media anual de un consumidor doméstico en el entorno de 600 euros, considerando que la parte de peajes supone alrededor de la mitad de la factura. En tal caso, la revisión al alza apenas supondrá 1,81 euros al año, o 0,151 euros al mes. El coste final dependerá del tipo de contrato y del consumo realizado en 2013, aunque con grandes dificultades prácticas para las distribuidoras en el caso de cambios de titularidad o de bajas.