Las residencias escolares de Extremadura han perdido en siete años al 43% de sus alumnos

«El borrador nos preocupa porque refleja un gran desconocimiento sobre la figura del educador social», valora Erica Gutiérrez, secretaria autonómica de administración pública de la Unión General de Trabajadores. «El texto propuesto –amplía– prácticamente anula esta figura profesional, que aparece en él mínimamente. No se citan sus funciones y tareas, cuando por su perfil socioeducativo, resulta fundamental para estos centros, por el alumnado al que atienden».

«La inmensa mayoría de los menores atendidos en estos centros –recordaba UGT en su denuncia– provienen de familias con problemas económicos, familiares y sociales, y en algunos casos, es la Junta de Extremadura quien ha asumida la guarda o tutela». No es extraño encontrar en estas residencias a hijos de víctimas de violencia de género, niños cuyos padres son temporeros y pasan meses viviendo lejos, o escolares que han crecido en ambientes familiares problemáticos. De los 12 centros, tres están en la provincia de Badajoz (en la capital, Alburquerque y Cabeza del Buey) y el resto están en la de Cáceres, en concreto en la capital, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Jaraíz de la Vera, Trujillo, Caminomorisco, Hervás, Hoyos y Madroñera.

«Estos centros, precisamente por el perfil mayoritario del alumnado, deberían estar dirigidos por educadores sociales y no por docentes», plantea Gutiérrez, que afirma que el borrador de decreto les ha «sorprendido» y que lamenta que la Junta «no haya contado con los sindicatos». «Ni siquiera nos han mandado el borrador, nos hemos enterado de su contenido de manera indirecta», explica la responsable sindical, que asegura que «el colectivos de educadores sociales nos ha transmitido –dice– su inquietud y malestar».

«Agradecemos la iniciativa de la Junta de por fin intentar aprobar una normativa que regule las residencias escolares, porque llevamos sesenta años sin ella, pero la propuesta presentada deja mucho que desear, no estamos de acuerdo con ella, aunque sabemos que es un borrador y no el documento definitivo», valora Inés María Solomando, secretaria general del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura. «Queremos un documento consensuado, porque es la única forma de conseguir un texto que perdure en el tiempo», plantea Solomando, que entiende que lograr ese objetivo pasa por «constituir una mesa de trabajo en la que están representadas las centrales sindicales, el colegio oficial, la Junta y los trabajadores».

En la actualidad, la red autonómica de estas residencias escolares (ver ficha adjunta con el detalle de ubicaciones y plazas) emplea a 42 educadores sociales, repartidos de forma desigual según el tamaño y las características de cada centro. Donde más hay es en Caminomorisco (Las Hurdes), que emplea a once.

«La red –especifica la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional– está compuesta por siete escuelas hogar (tres son concertadas) y cinco residencias, que para el presente curso ofertaron 455 plazas (205 de ellas en escuelas hogar y 250 en residencias de Secundaria), tras acordar estas cifras con sus directores». Finalmente, continúa la administración regional, se ocuparon 269 plazas, es decir, el 59% de las ofertadas. Visto del modo contrario: quedaron vacantes el 41%. En total, la red suma ahora 271 estudiantes, un 43% menos que en el curso 2017/18, cuando se matricularon en ellas 478 escolares, según los datos oficiales.

Esta caída tiene varias causas. «En primer lugar –argumenta la Consejería–, por el descenso del número de alumnos en los centros educativos extremeños debido a la bajada de la natalidad. Otro de los factores es la mejora de la situación socioeconómica de las familias extremeñas respecto a los años en los que se crearon las escuelas hogar. También hay que tener en cuenta el aumento significativo en el número de centros educativos en la región, y el desarrollo del servicio de transporte escolar con casi seiscientas rutas actualmente, que hace que los alumnos puedan permanecer viviendo en sus localidades con sus familias».

«Las residencias escolares –sitúa el Gobierno regional– son servicios complementarios que contribuyen al desarrollo educativo, al facilitar el acceso a las enseñanzas obligatorias y postobligatorias al alumnado que debe escolarizarse en localidades distintas a las de residencia, así como a aquel que por circunstancias excepcionales, deba utilizar el servicio de residencia como medida para asegurar una adecuada respuesta educativa que no puede recibir en el centro educativo de su residencia habitual».

A los alumnos de Primaria, ESO o FP que quieran vivir en ellas se les exige no disponer en su localidad de residencia de un centro educativo adecuado al nivel de estudios, y carecer de ruta de transporte escolar. Los de enseñanzas postobligatorias o de régimen especial deben «encontrarse en alguna circunstancia excepcional, debidamente justificada, que impida o no aconseje su escolarización en un centro público de su entorno, entre otros requisitos».

En cuanto al borrador de decreto, la Consejería aclara que lo ha elaborado el servicio de inspección educativa y que es solo «una base sobre la que hacer las aportaciones que se estimen oportunas». «Se ha entregado al colegio profesional de educadores y a la asociación para que lo enriquezcan, y una vez unificadas sus propuestas se trasladará a los sindicatos», avanza Educación, que deja claro que su pretensión es «fortalecer la red de residencias escolares públicas».