El SES indemniza con 50.000 euros a un paciente al que operó sin informarle de los riesgos

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Cáceres ha estimado parcialmente el recurso presentado por el letrado Juan Ignacio Pérez Mena, del despacho Pérez Mena Abogados, contra la resolución del director gerente del Servicio Extremeño de Salud en la que se desestimaba una reclamación de responsabilidad patrimonial. En dicho recurso, se señala mala praxis en la atención sanitaria y en la omisión del consentimiento informado.

El 18 de abril de 2017, M. J. C. se produjo una lesión en la tibia tras saltar desde el carro de un vehículo. Acudió al Hospital de Don Benito-Villanueva, donde le escayolaron desde la planta del pie hasta por encima de la rodilla y le intervinieron quirúrgicamente.

Al día siguiente de la operación con enclavado intramedular, el paciente sintió un fuerte dolor al doblar la rodilla y comentó al traumatólogo que no podía levantar el pie izquierdo hacia arriba. «Eso muy normal no es», le dijo el especialista. A los dos días, le dieron el alta con la pierna vendada y con el problema del movimiento dorsal del pie sin solucionar.

Tras abundante rehabilitación y la retirada de parte de material de osteosíntesis, «el pie seguía igual que el primer día tras la operación». Al año, el recurrente solicitó nuevas sesiones de rehabilitación, ya que tenía dolores musculares, incomodidad y dificultad al andar, pero no hubo mejoría alguna.

En mayo de 2019, acudió al Hospital La Paz de Madrid. No obstante, como tenía el alta con fecha de mayo de 2018 con el motivo de curación o mejoría, por lo que en el centro hospitalario de la capital realizó un informe médico al respecto.

«Como consecuencia de la defectuosa atención médica o de la defectuosa intervención quirúrgica descrita, el actor se encontraba en el momento de la reclamación previa sin posibilidad de realizar el movimiento dorsal del pie, con dolores y molestias, y probablemente sin solución de ningún tipo, quedando cojo de ese pie para el resto de su vida, contando la edad de 21 años», recoge la sentencia.

También sufre daño moral derivado del prolongado periodo en el que lleva padeciendo las molestias, de los continuos viajes a médicos y rehabilitaciones, y la incertidumbre de la lesión, por lo que reclamó una indemnización de 143.189,31 euros.

Asimismo, el paciente refiere que solo firmó el consentimiento para el anestesista en la primera operación, pero no el correspondiente a la cirugía ni tampoco el de la segunda intervención quirúrgica.

La sentencia se pronuncia sobre dos posibles casos de mala praxis: una posible irregularidad técnica en la asistencia sanitaria y otra relacionada con la inexistencia del consentimiento informado.

A este respecto, la sala suscribe las conclusiones de la inspectora médica, que indica que la fractura fue tratada acorde a lo recomendado, por lo que no detecta mala praxis. Las posibles causas de la lesión fueron analizadas por el perito, pero la sala analiza que ello no presupone una conducta que genere responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que en el documento no se aportan «mayores concreciones o aclaraciones en el desarrollo de la vista que vayan más allá de constatar el dato objetivo del resultado lesivo de la intervención».

Como se ha dado dicho resultado, la omisión del consentimiento informado sí genera en este caso responsabilidad a la Administración por un daño moral grave, explica el magistrado, que fija la cuantía en 50.000 euros. «No hay constancia documental del mismo por más que la Administración afirme su existencia», recoge la sentencia.

Cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.