El Supremo obliga al SES a facilitar al extremeño Pablo Andrada el fármaco para su enfermedad rara

En su resolución, el alto tribunal establece que el Servicio Extremeño de Salud debe suministrarle una medicación que le denegó, y cuyo coste es de 4.543 euros al mes. Considera que la negativa a proporcionar ese fármaco vulnera el derecho a la integridad física y a la igualdad.

La decisión de los magistrados sigue la línea establecida en otro fallo reciente del Supremo que dio razón a la madre de un niño con síndrome de Duchenne al establecer que fue discriminado porque, en ese caso, un hospital catalán no tramitó su solicitud de un medicamento.

En el caso extremeño, el Supremo ha analizado la situación del paciente que sufre una neuropatía óptica hereditaria de Leber (NOHL), enfermedad consistente en la pérdida de la visión central (ceguera) y en atrofia (degeneración) que afecta a ambos ojos. En una entrevista publicada por HOY en 2022, el joven de 30 años explicaba que había «perdido más de un 85% de visión» debido a su dolencia y aseguraba sentirse «abandonado» por el SES.

Los magistrados insisten ahora en que «la pérdida de la visión es una merma muy seria que afecta a la integridad física», que está protegida por la Constitución, y concluyen que la carga de acreditar «las circunstancias individualizadas de los otros pacientes beneficiados por la autorización del medicamento» no puede recaer en el paciente.

Además, sostienen que «la mera referencia» a que el medicamento «no está comprendido entre los financiados con fondos públicos» o la «alusión genérica» a sus efectos limitados sobre la enfermedad tampoco es suficiente para denegarlo.

El paciente alegó ante el Servicio Extremeño de Salud que existía un tratamiento con el principio activo idebenona, con nombre comercial Raxone, que ayudaba a mejorar la producción de energía, a restaurar la función de las mitocondrias afectadas por las mutaciones y evita el daño celular y la pérdida de visión.

El hombre insistía en que se trataba de uno de los medicamentos llamados huérfanos -aprobado por la Agencia Española del Medicamento y comercializado a través del proceso centralizado en todos los países de la Unión Europea- que es de uso hospitalario y sólo puede ser adquirido por hospitales públicos.

Dicho medicamento es de carácter gratuito para los enfermos conforme al Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, como «medicamento extranjero», y no está incluido en la carta básica del Sistema Nacional de Salud.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas, el tribunal relata que el paciente empezó con los síntomas repentinamente y fue tratado en agosto de 2021 en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde le recomendaron tratamiento con Raxone.

En diciembre de ese año, la comisión de uso compasivo denegó al paciente la dispensación del medicamento y le indicó que podía efectuarse una nueva valoración si aportaba bibliografía y datos. Así lo hizo su doctora, pero la Administración sanitaria resolvió negativamente.

Disconforme con la decisión, el placentino presentó una reclamación en vía administrativa, sin obtener respuesta, por lo que inició la vía judicial.

La Administración extremeña alegó entonces que no cabía aceptar la solicitud porque la financiación de Raxone está expresamente excluida en el Sistema Nacional de Salud y porque atenderla supondría vulnerar el principio de igualdad establecido por la ley.

El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Mérida -en contra del parecer del Ministerio Fiscal- sí estimó el recurso del paciente, y recordó, entre otros extremos, que la doctora que le trataba propuso como medicación Raxone y que lo pidió el director médico, que aportó bibliografía y que de la información presentada resultaba el claro beneficio que ese medicamento suponía para pacientes con esta enfermedad.

Disconforme con el fallo en primera instancia, la Junta de Extremadura elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia, que estimó su recurso y anuló la sentencia que daba la razón al paciente.

No conforme con ello, Andrada siguió litigando y ahora el Supremo revoca el pronunciamiento del TSJ extremeño.