El supuesto fraude investigado en los cursos de formación de Extremadura tiene penas de hasta diez años de cárcel

Las fuentes consultadas por HOY indican que en un primer momento no parece que el dinero acabase en el bolsillo de los responsables de las organizaciones, aunque esta circunstancia sólo se podrá conocer cuando concluya la instrucción.

Los últimos pasos dados por el Juzgado de Instrucción 1 de Badajoz parecen confirmar que la fase más laboriosa del procedimiento ha llegado a su fin, puesto que ha rechazado conceder una nueva prórroga a la Fiscalía para seguir investigando. El Ministerio Público también ha recurrido otras cuestiones referidas al proceso ante la Audiencia de Badajoz, cuyos magistrados deben decidir si es adecuada la decisión del juzgado o, por el contrario, conviene ampliar el plazo de instrucción.

En la pieza que se instruye en Mérida el sindicato CC OO ha solicitado nuevas pruebas, pero igualmente han sido denegadas por el juzgado instructor. El sindicato ha apelado a la Audiencia de Badajoz y de nuevo debe ser un tribunal, en este caso el de la Sección Tercera con sede en Mérida, el que se pronuncie sobre esta cuestión

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Si la Audiencia confirma el fin de la instrucción, ambos juzgados dictarán el auto de procedimiento abreviado y pedirán a las partes que presenten escritos de acusación o sobreseimiento.

Una vez superado ese paso, será señalada la fecha de un juicio en el que podrían sentarse en el banquillo los 25 investigados si existe acusación contra todos ellos. La clave ahora es saber si la Fiscalía mantiene la acusación, la amplía o retira algunos de los cargos que figuraban en la denuncia inicial. En esa decisión será clave el trabajo realizado por la Sección Económica de la Fiscalía de Badajoz, que ha analizado miles de documentos. También el visado definitivo del fiscal de sala jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, Alejandro Luzón Cánovas, quien está supervisando todo el procedimiento desde Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura indicó en su momento que los investigados en esta causa eran 25. En una de las piezas, el Juzgado de Instrucción 1 de Badajoz investiga a la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Confederación de organizaciones empresariales de Badajoz (Coeba). Asimismo, figuran como investigados Emilio Doncel Rodríguez, que fue presidente de Coeba; Nuria Lavado, del área de formación; Fernando Herrera, expresidente de la Cámara de Comercio de Badajoz y exdirigente de Coeba; y Juan Manuel Arribas, exsecretario general de la Creex.

También formó parte de este procedimiento como investigado Antonio Masa Godoy, expresidente de la Creex y de Coeba, aunque el juzgado dictó un auto de sobreseimiento provisional respecto a su labor por su estado de salud.

En este mismo juzgado se abrieron dos piezas separadas que afectan a las dos entidades que forman parte de la Creex junto con Coeba. Una de ellas se dirige contra la Federación Empresarial Cacereña y afecta a José Manuel González Calzada, presidente de la entidad; Pedro Rosado, secretario general; Ana María Sánchez, vicesecretaria general; y María Rosario García Solán, del Departamento de Formación.

La segunda pieza separada afecta a la Federación Empresarial Placentina y se incluye a Pedro Castro Domínguez, presidente de la entidad y presidente de la Creex. Asimismo, esta actuación se dirige contra Francisco Sánchez Guijo, secretario general; y Luis María Corvo, del Departamento de Formación.

También forman parte de estas diligencias dos miembros de la Federación Placentina, Ana María Azucena Martín y José Jarones Santos, quien además fue presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres.

En el mismo juzgado de Badajoz se siguen también diligencias por los mismos delitos contra UGT Extremadura y la delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes), una fundación del sindicato dedicada a la formación para el empleo.

Como particulares, están incluidos Francisco Capilla, secretario general del sindicato en la región en los años bajo investigación; Lorenza Mansilla, exsecretaria de Formación y Cultura de UGT Extremadura; Jacinto Cerezo, exsecretario de Administración; Rosa María García Vidal, técnica de formación; y Teodoro Casares, como delegado territorial de Ifes-Extremadura.

Asimismo, también abarca a María Jesús Ocaña Clemente. Se trata de la administradora de empresas como Localmur (ya extinguida) y Formación 2020, ambas vinculadas al sindicato y a Ifes, a través de las cuales se ofrecían los cursos, según una investigación similar que se lleva a cabo en Asturias.

El tercer procedimiento, contra el sindicato CC OO, se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mérida. Afecta también a la fundación Formación y Empleo (Forem) Extremadura. Como Ifes en el caso de UGT, es la entidad que se dedica principalmente a las labores de formación de trabajadores. En este caso los investigados son Encarna Chacón como secretaria de Organización, y Miguel Coque Durán, exsecretario de Formación y Empleo de CC OO Extremadura. Asimismo, se incluyó a Jaime Javier Feronella de Miera, como responsable de Forem Extremadura; a María del Carmen Muelas, del sindicato en la región; a Rocío Ballester y a José María Fernández Errazkin, responsable de empresas vinculadas a cursos de formación. También se citó a los representantes legales de CC OO y Forem Extremadura.