Los técnicos dicen que nadie ordenó los derribos de las casas ilegales de Plasencia

Un arquitecto, un auxiliar y dos administrativos fueron los técnicos de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia que ayer declararon en el TSJEx por el caso de las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara. Y señalaron, especialmente a preguntas del fiscal, que las demoliciones de las casas no se llevaron nunca a cabo, a pesar de que había decretos que las establecían, porque nadie ordenó la ejecución de los derribos.

En sintonía con lo que otro técnico, que también declaró en calidad de testigo, había dicho con anterioridad, que los derribos no se han producido nunca en la ciudad por falta de voluntad política. Los de ayer señalaron que desconocen a qué persona u órgano corresponde la decisión de ordenar la ejecución de las demoliciones.

Pero sí afirmaron en su declaración que Victoria Domínguez, una de las cuatro personas investigadas y que ha motivado que la causa se vea en el TSJEx, dada su condición de aforada, les informó en el momento en que fue nombrada concejala de Urbanismo de su interés por conocer lo que se tramitaba en la oficina. Declaración que choca con lo que la diputada de Ciudadanos manifestó cuando acudió a declarar como investigada el pasado 19 de julio: «Los expedientes de infracción urbanística los he conocido una vez iniciadas las actuaciones. Cuando me personé en la causa y me dieron la copia correspondiente en el Juzgado de Instrucción de Plasencia, ha sido la primera vez que yo he visto esos expedientes», dijo.

Pero los técnicos ayer no solo manifestaron el interés de la exedil por conocer los expedientes, sino que también señalaron que en numerosas ocasiones era su secretario el que los solicitaba. Es el motivo por el que tras la declaración de estos funcionarios, el TSJEx pidió ayer mismo al Ayuntamiento que identifique a esta persona, supuestamente para llamarle también a declarar.

Además de Domínguez, hay otras tres personas investigadas en el proceso. Los que también fueron concejales de Urbanismo durante el periodo que centra la causa, los exediles Mónica García y Francisco Barbancho. La primera fue edil de Urbanismo del 1 de enero de 2006 al 16 de junio de 2007, y el segundo del 28 de enero al 10 de junio de 2011. Entre una y otro la responsabilidad la asumió Victoria Domínguez. Elia María Blanco, también investigada, fue la alcaldesa de Plasencia con los tres exconcejales.

Blanco fue la primera en declarar y señaló que había pasado las competencias urbanísticas a sus concejales. Éstos por el contrario -los tres coincidieron- negaron que tuvieran competencias para incoar o resolver expedientes, para imponer sanciones u ordenar demoliciones, sino que las mismas corresponden a Alcaldía.

Un cruce de responsabilidades entre los políticos que las declaraciones de los técnicos ayer ante el TSJEx no aclararon.