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Silencio, aplausos, lágrimas y mucha indignación. La protesta convocada por CC OO, y a la que se han sumado educadores sociales y trabajadores, en ... general, del ámbito de la atención social, tras el asesinato en un piso tutelado en Badajoz de la cuidadora Belén Cortés, ha combinado esta mañana en Mérida sentimientos y una exigencia: que se dote de más presupuestos los servicios de atención a menores y se ofrezcan mejores condiciones de trabajo. Alrededor de 500 manifestantes, según estimación de la Policía Nacional, se han congregado esta mañana en Mérida ante la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia en Mérida, dependiente de la Consejería de Salud y Políticas Sociales.
La concentración ante Servicios Sociales ha sido también un mar de pancartas. «Que el trabajo no me cueste la vida»; «no a la externalización de los servicios públicos»; o «basta de precariedad laboral» han sido algunas de las frases que se han mostrado mientras cada cierto tiempo los manifestantes proferían gritos llamando a la huelga general en este sector, contra la fiscalía, la Junta o las empresas adjudicatarias de los servicios de atención a menores.
«Todos nos sentimos consternados por el asesinato de Belén«, relataba a HOY Mónica Durán, de 44 años, cuidadora social. Trabaja en un centro de Plena Inclusión en Villafranca de los Barros desde hace dos años. Viene del País Vasco y allí, ha dicho, las condiciones de trabajo y económicas son mucho mejor que las de Extremadura. »Toda esta gente de aquí (en referencia a la Junta) se tiene que dar cuenta que tiene que invertir más en atención social. Para que, entre otras cosas, muchas veces no estemos una persona sola atendiendo a menores«, señalaba Durán.
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Mientras, Paco Indias, de 35 años, educador social en un centro para discapacitados mentales en Cáceres, manifestaba que sienten desprotegidos y minusvalorados. «Siempre nos hemos sentido así y con la muerte de Belén, mucho más. Está visto que en la sociedad actual, donde existe tanto problema de atención mental, tanta desestructuración en familias, nuestro papel tanto de psicólogo, integradores sociales, educadores...es esencial», afirmaba.
En este sentido, exigía «más recursos, y sobre todo, públicos, que no se liciten estos servicios para unas empresas, porque las empresas buscan un beneficio, y este tipo de cosas no se pueden ceder a empresas que solo buscan un beneficio económico«.
En la concentración, a la que han asistido también Irene de Miguel, José Antonio González Frutos, Nerea Fernández y Joaquín Macías, diputados de Unidas por Extremadura, la secretaria general de CC OO Extremadura, Encarna Chacón o el presidente del sector de Administración general de la Junta de CSIF, Juan José Samino, se ha leído un manifiesto suscrito por Comisiones Obreras en el que se expresa que el asesinato de Belén Cortés «pone de manifiesto la inseguridad con la que realizan su trabajo, que principalmente consiste en la reeducación y reinserción de menores en la sociedad para darles herramientas que le permitan desarrollarse como personas».
«Los centros de menores realizan un servicio público, que se gestiona con dinero público y en esto son las administraciones las que tienen una responsabilidad directa. Deben de garantizar que las entidades que prestan estos servicios cuenten con los medios económicos, personales y materiales necesarios y que cumplan con el deber de proteger a los menores pero también a las personas trabajadores«, se incide en el manifiesto.
Encarna Chacón, líder de CC OO Extremadura, ha subrayado que el asesinato de Belén Cortés «se podía haber evitado» y que hay que cambiar los servicios de atención porque la «privatización de los mismos es un fracaso».
Mientras, Unidas por Extremadura exige que se ponga en marcha «inmediatamente» una reforma integral del sistema público de servicios sociales. Su diputado José Antonio González ha asegurado que el crimen de Belén Cortés «debe suponer un punto de inflexión. Es triste que esta movilización surja por una tragedia como el asesinato de Belén, pero nos tiene que obligar a una reflexión, ha añadido el diputado, quien considera que esta tragedia «revela la extrema precariedad que tiene todo el sector de servicios sociales».
«En el caso de los hogares de medidas judiciales –ha añadido- cualquiera puede acudir al pliego y ver que sólo hay 7 profesionales adscritos, con unos salarios de vergüenza, por debajo del SMI». Por eso, el diputado morado ha pedido una revisión urgente de las licitaciones y de la situación de estos recursos. «Hoy tendríamos que preguntarle al gobierno del PP si ha duplicado el personal porque cualquiera sabe que una plantilla con 6 personas hace que estén solos y solas por la noche, por el día y por la tarde».
Los manifestantes han reclamado a la ciudadanía que acudan a una próxima protesta, el próximo sábado 22, en Badajoz, contra la muerte de Belén Cortés y en demanda de unas mejores condiciones para desarrollar el servicio de atención a menores.
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