Tragsa despide a personal que trabajaba en las expropiaciones del regadío de Tierra de Barros

Tragsatec es la filial del grupo empresarial público Tragsa. Focaliza su actividad en la consultoría técnica de proyectos de administraciones públicas. La Junta de Extremadura adjudicó dos encargos a Tragsatec por importe de 686.898,7 euros vinculado con el regadío de Tierra de Barros. La asistencia técnica en las expropiaciones abarcaba 15.000 hectáreas en las comarcas de Tierra de Barros y, en menor medida, de Mérida.

El encargo de la Junta a la empresa de Tragsa se distribuyó en dos contratos. Uno con un presupuesto de 486.898,70 euros. Otro con los 200.000 euros de presupuesto restante. Eso supuso por parte de Tragsatec la contratación de ocho trabajadores para realizar el trabajo administrativo expropiatorio, una parte fundamental de cualquier proyecto público.

El promotor del proyecto de Tierra de Barros es la Junta de Extremadura, aunque como se ha venido informando, se plantea que una parte menor de los costes de la conversión en regadío sea asumida por los propios regantes beneficiarios.

Según ha podido saber este diario, ese encargo a Tragsatec está frenado desde hace semanas por parte de la Administración regional. En la práctica ha supuesto que los ocho trabajadores que estaban dedicados al mismo ya no estén activos para esa labor. Ni ellos ni nadie porque el proceso expropiatorio igualmente está paralizado.

Dos de esos trabajadores que contrató Tragsatec han pasado a realizar otros trabajos en el grupo empresarial público Gpex, mientras que a los seis restantes se les ha rescindido el contrato.

Desde el día 2 de abril ya no se encargan de la tarea que tenían encomendada para el proyecto de Tierra de Barros.

Hasta esa fecha, los técnicos de Tragsatec habían llevado a cabo buena parte de su trabajo. Tanto que habían resuelto las cantidades a pagar en concepto de depósito previo a través de 1.837 expedientes administrativos.

El depósito previo es la cantidad o la indemnización que se paga por la rápida ocupación de un terreno previo al precio final a pagar por la expropiación.

Según puede confirmar este diario, la Junta de Extremadura ya ha abonado alrededor de 200.000 euros por depósitos previos a propietarios de terrenos situados en los diferentes términos municipales, hasta una docena, sobre los que se plantea la superficie regable.

Hay que recordar que se trata de las siguientes localidades afectadas: Almendralejo, Aceuchal, Alange, Fuente del Maestre, Villafranca de los Barros, Ribera del Fresno, Villalba de los Barros, Torremejía, Solana de los Barros, La Zarza, Villagonzalo y Mérida.

Esos casi 200.000 euros los ha pagado ya la Junta con fondos europeos Feader, los que están consignados para el proyecto de regadío de Tierra de Barros dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR), aún en vigor para Extremadura.

El abono de esas cantidades se ha realizado no solo en el periodo del anterior gobierno regional, el del socialista Guillermo Fernández Vara; el actual ejecutivo extremeño, conformado por PP y Vox, también ha pagado en concepto de depósitos previos con cargo al PDR. En este caso el pagador ha sido la Consejería responsable de nuevos regadíos en esta legislatura, la de Gestión Forestal y Mundo Rural que encabeza el consejero de Vox, Ignacio Higuero.

Con cargo a ese PDR y con dinero europeo se está ejecutando –20 millones de euros– el proyecto de regadío en Monterrubio de la Serena. La obra finalizará este año.