El TSJEx inadmite la querella de Ecologistas en Acción contra 33 diputados socialistas por Valdecañas

La asociación conservacionista presentó la querella en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Mérida, que se inhibió en favor del TSJEx precisamente por el hecho de que los acusados son aforados. En su auto de inadmisión, la Sala de lo Penal que preside María Félix Tena, máxima autoridad del TSJ extremeño, se declara competente para conocer la causa y declara la inadmisión a trámite "por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, declarando el sobreseimiento libre, con el consiguiente archivo de las actuaciones".

La asociación conservacionista acusaba a los diputados de los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia a la autoridad judicial. Iba solo contra los socialistas porque los del resto de partidos con representación en el Parlamento regional (PP, Ciudadanos y Unidas Podemos) votaron en contra de esa nueva norma, a la que coincidieron en calificar como «una chapuza jurídica». Esta ley es la que según declaró el presidente de la Junta, salva al resort de la piqueta. «El proceso legislativo que ha desembocado en esta ley ha resulto la situación de Valdecañas, ya existe una solución legal que tiene plena vigencia», afirmó Guillermo Fernández Vara el pasado 25 de mayo.

El tribunal pone de manifiesto en su auto que los querellados son todos parlamentarios autonómicos, en cuya condición votaron una proposición de ley, en sede parlamentaria, y cumpliendo su función, sin que el sentido de ese voto pueda ser utilizado para exigir una responsabilidad penal que supondría dejar sin contenido la inviolabilidad parlamentaria, explica del departamento de comunicación del TSJ extremeño.

La inviolabilidad parlamentaria, continua el auto, está recogida en la Constitución Española en el artículo 71, para diputados y senadores, trasladada por el artículo 18 al Estatuto de Autonomía de Extremadura, y desarrollada por el reglamento del Parlamento regional. Recoge dicho reglamento que «los diputados de la Asamblea de Extremadura gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de cargo, aún después de haber cesado en su mandato».

Con respecto al delito de desobediencia a la autoridad judicial, la Sala indica que si el querellante considera que con esta norma se vulnera la Constitución, ello deberá encauzarse a través de los recursos legales establecidos al efecto. Pero que, añade, con la votación de una ley en sede parlamentaria por unos parlamentarios, no se comete ese delito de desobediencia.