Unidas por Extremadura pide una comisión de investigación para esclarecer la muerte de Belén Cortés

Ambos grupos minoritarios han planteado sus demandas tras escuchar a la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, que ha comparecido en la Asamblea a petición del PSOE para exponer la política de la Junta en materia de servicios sociales. La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha explicado que el objetivo de la petición era abrir un debate sobre el sistema de protección y reforma de la región para ver cómo mejorarlo y adecuarlo a las necesidades de la sociedad, a los nuevos perfiles de los menores que hay hoy.

En este marco, ha reclamado la apertura de ese debate con la participación de todos los grupos políticos, el refuerzo de los servicios sociales de base y una financiación estable para los programas de familia, como puerta de acceso de los ciudadanos al sistema, y también celeridad en la entrada en funcionamiento del llamado centro Cereza, que se construye en Plasencia y está destinado a menores con problemas de conducta. «Menores que hasta el momento se están derivando a otras regiones», ha recordado Isabel Gil Rosiña.

Pero tanto la consejera de Salud como el PP han interpretado la propuesta del PSOE como un intento de hacer un uso político de una tragedia y, a partir de ahí, el debate ha pasado de nuevo a convertirse en un cruce de acusaciones que ha aparcado la posibilidad de un análisis y una acción política conjunta para lograr lo que todos los grupos de la Asamblea creen preciso: mejorar el sistema y también las condiciones laborales de sus trabajadores.

Como había vaticinado el diputado José Antonio González Frutos, «esto se convertirá de nuevo un toma y daca para repartir culpas y responsabilidades», en lugar de servir «para asumir lo ocurrido como una lección política con voluntad de que nunca se repita». Para ello, Unidas por Extremadura ha adelantado que solicitará una comisión de investigación para ver qué ha fallado en el sistema para que una educadora haya muerto y ha reclamado una mayor financiación para los servicios sociales, «para que dejemos de ser una máquina de fabricar precariedad».

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Vox ha preguntado a Sara García Espada si no sabía, «como sí sabían los trabajadores del sector, que en las condiciones en las que trabajan podía ocurrir la tragedia que ha sucedido», le ha dicho a la consejera que debatir sobre lo ocurrido «no es usar la tragedia como dice, no se escude en esa frase», y le ha insistido en que hay que mejorar las condiciones de los trabajadores del sector social de manera urgente.

La consejera ha asegurado que en esa mejora está trabajando desde su llegada a la Junta, que fruto del diálogo con los implicados se elaborará un plan de actuación y se mejorarán los pliegos que regirán las nuevas licitaciones sociales, que se ha aumentado la plantilla con 13 trabajadores sociales más y un incremento presupuestario de 2,2 millones de euros, que son más de seis millones de euros los invertidos en obras de reforma y mantenimiento de los recursos, que se ha licitado la historia social única y que, en definitiva, «estamos resolviendo todo lo que el anterior gobierno quedó pendiente».

De hecho, «las demandas que tienen hoy los trabajadores del sector son las mismas que tenían en 2022, que ustedes no atendieron y que ahora nos piden a nosotros que hagamos», le ha criticado García Espada al PP. «La situación de hoy es fruto de 36 años de abandono del PSOE a los trabajadores de los servicios sociales», ha ahondado la diputada del PP, Teresa Tortonda.