El decreto-ley de rebajas fiscales, clave de la actual legislatura, pendiente de la decisión de Vox

Vox no desvela cuál será el sentido de su voto sobre el decreto-ley, que se debatirá en la sesión plenaria del próximo jueves. La decisión que adopte el partido de Santiago Abascal es clave ante el rechazo del PSOE, que votará contra la norma después de que el Gobierno regional haya desestimado sus alegaciones. El PP, que en las últimas semanas viene reclamando el apoyo a las nuevas rebajas, también prefiere guardar silencio a la espera de acontecimientos.

Un tercer fracaso pondría en evidencia la capacidad del Ejecutivo autonómico para sacar adelante normas con rango de ley cuando aún queda por delante la mitad de legislatura. Un nuevo rechazo agitaría la posibilidad de un adelanto electoral, aunque la presidenta de la Junta, María Guardiola, haya afirmado esta semana que descarta esa opción. Aunque esto le obligará a negociar con la oposición la aprobación de leyes debido a que no tiene la mayoría necesaria.

El pasado verano la ruptura del gobierno de coalición con Vox dejó al PP en minoría en la Asamblea de Extremadura. Tras el parón estival, la actividad política comenzó con la negociación para las cuentas de 2025, donde se apreció el distanciamiento entre los dos partidos.

En ese escenario, el Gobierno de María Guardiola aprobó en octubre un decreto-ley, una norma destinada a atender cuestiones urgentes que entra en vigor en el momento de su aprobación pero que debe recibir la convalidación del Parlamento regional. En este caso, pretendía abordar el problema del acceso a la vivienda con rebajas fiscales, entre las que destacaban la reducción del tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales (con una bajada añadida para jóvenes) y la deducción en el IRPF por poner en alquiler viviendas vacías.

Pero los tres grupos de la oposición votaron en contra y la norma sólo estuvo un mes en vigor, hasta finales de noviembre. Aunque Vox apoya reducir la presión fiscal, argumentó que el Gobierno regional no había negociado su propuesta y que además se quedaba corta. Fue un aviso al PP de lo que podía pasar con los Presupuestos de 2025, que en ese momento ya se habían presentado con nuevas rebajas fiscales, como la reducción del IRPF para nuevos residentes y la creación del registro de especial vinculación en el impuesto de sucesiones, así como nuevas ayudas para enfermos de ELA y deducciones por patrocinio cultural o deportivo.

Tras el rechazo al decreto-ley, se abrió una nueva fase de diálogo entre los dos partidos y el acuerdo para las cuentas de este año parecía posible. Los populares presentaron entonces como enmienda las mismas medidas que habían sido rechazadas en el decreto-ley de vivienda. Sin embargo, la negociación con Vox se rompió después de que este partido exigiera endurecer la política migratoria de la Junta. El PP miró entonces al PSOE, con el que llegó a cerrar un acuerdo. Pero el rechazo de los socialistas a retirar todas sus enmiendas al proyecto de cuentas llevó al Gobierno regional a retirar los Presupuestos de 2025.

Ante la falta de apoyos, el Ejecutivo autonómico renunció a presentar unos nuevos presupuestos y optó por trabajar con las cuentas prorrogadas de 2024. Así esquivaba su minoría parlamentaria. Pero como las rebajas fiscales deben ser aprobadas mediante una norma de rango legal, decidió llevar a la Asamblea otro decreto-ley con medidas tributarias, en el que se recogen tanto las rebajas fiscales que fueron rechazadas en noviembre como las que estaban incluidas en el proyecto de Presupuestos de 2025. Aunque con algunos cambios, con una rebaja más ambiciosa para jóvenes en el impuesto de transmisiones y con una ampliación de la reducción por alquilar viviendas vacías, y con novedades en materia de donaciones.

Estas mejoras permitían un acercamiento a Vox. Pero este grupo ha presentado su propia propuesta de ley con rebajas aún mayores. Por su parte, el PSOE ha hecho alegaciones al decreto-ley de la Junta con unas medidas alternativas. En ambos casos, es una invitación a negociar al PP.

El Gobierno regional ya ha desestimado esas alegaciones. Según un informe remitido a la Asamblea, un decreto-ley no se puede modificar y sólo cabe rechazarlo o convalidarlo. En este caso, se puede convertir en proyecto de ley, lo que sí permite introducir enmiendas.

De esa forma, aún hay tiempo para negociar. El decreto-ley puede ser convalidado y acto seguido transformarse en proyecto de ley, lo que abriría varias semanas de trámites. Pero la lógica invita a que haya un acuerdo previo.

Vox y PP han declinado responder a la llamada de HOY para hablar sobre la votación del jueves y las opciones que existen. Y el PSOE considera que el rechazo a sus alegaciones evidencia que Guardiola no quiere negociar.

La portavoz socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, asegura que «con nosotros no han contactado para nada». El Gobierno regional se escuda en que el PSOE aceptó las medidas fiscales en la negociación presupuestaria. Pero los socialistas recuerdan que a cambio se aceptaron varias de sus propuestas, como la bonificación de los comedores escolares. «Consideramos que el decreto-ley es insuficiente y no lo vamos a apoyar», afirma.

En su opinión, el Ejecutivo autonómico del PP está mostrando una actitud soberbia y prepotente, ya que con 28 diputados en la Asamblea está obligado a negociar. Sin embargo, en casi dos años de legislatura considera que no se ha avanzado en cuestiones como la vivienda. «No se puede gobernar sin leyes, ni decretos, ni presupuestos», sostiene.

En cualquier caso, la portavoz del PSOE descarta que en caso de rechazo al decreto-ley Guardiola opte por convocar elecciones. «Si quisiera lo habría hecho ya», apunta. «No hay adelanto electoral porque no le dan los números».

Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, confirma que su grupo votará en contra del decreto-ley. A su juicio, el Gobierno regional mezcla rebajas fiscales de calado con cuestiones que «vienen a lavarle la cara», como las «ayudas pírricas a los enfermos de ELA».

Asimismo, critica que la presidenta de la Junta «no levanta el teléfono para hablar con la oposición». En su opinión, «o es muy torpe o no tiene ninguna intención de aprobar el decreto-ley». Para Irene de Miguel, Guardiola está «buscando excusas para decir que la región es ingobernable y convocar elecciones», aunque recientemente haya dicho que renuncia a esa opción. «No la creo del todo», añade.

Para la portavoz de Unidas por Extremadura, «una gobernante en minoría parlamentaria no puede arriesgarse a perder», y en este caso cree que exponerse a una nueva derrota es como someterse a una cuestión de confianza.