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REDACCIÓN/EFE
Martes, 10 de enero 2017, 18:22
Doce personas, once de ellas miembros de una misma familia, se sentarán el próximo lunes en el banquillo de los acusados de la Sección III de la Audiencia de Badajoz por delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, por unos hechos ocurridos en agosto de 2011 en Mérida.
Las desavenencias surgidas entre dos familias afincadas en Mérida, a raíz de la separación de un matrimonio integrado por miembros de ambas, finalizó con un tiroteo en el que fallecieron Isabel V., de 70 años, y su hijo Joaquín V., de 38, y otras dos resultaron heridas.
En concreto, serán juzgados del 16 al 19 de enero once miembros de una familia y una persona del segundo clan familiar, al que pertenecían los dos fallecidos en el tiroteo, ocurrido el 3 de agosto de 2011 en el barrio de San Lázaro de la capital emeritense.
La noche anterior al tiroteo se vivió un enfrentamiento que concluyó con un disparo al aire por parte del clan que acabó causando las dos muertes. Para el día siguiente se concertó un nuevo encuentro. Tras lo ocurrido, miembros de la familia rival se desplazaron a Mérida desde Cataluña armados por prevención. No han podido ser identificados.
En la mañana del día 3 una comitiva formada por al menos siete personas se dirigió a la vivienda de la familia que realizó el disparo, que sabía que venía apoyo desde Cataluña y por eso había acumulado numerosas armas. En un primer momento, se manejó la versión de que se produjo una discusión en el interior de un piso, tras lo que comenzó el tiroteo. Sin embargo, la Fiscalía sostiene ahora que fueron rechazados y empujados cuando se disponían a subir las escaleras del edificio. En el momento en que se dieron la vuelta, José M., considerado el patriarca, disparó en la cabeza a Isabel V., quien falleció en el acto. Se inició en ese momento un tiroteo, con miembros de un clan parapetados desde su vivienda y los del otro respondiendo desde la calle.
La acusación pública afirma que José María M., nieto del anterior, alcanzó por la espalda a Joaquín V., quien murió poco después. Manuel V. (hijo y hermano de las dos víctimas mortales), de quien asegura que a su vez disparó de forma indiscriminada, resultó herido por un tiro realizado por Félix M. Hubo otro herido, un peatón que pasaba por el lugar. Ninguno de los implicados tenía permiso de armas.
La cercanía de la Comisaría de Mérida, situada a pocos metros del lugar de los hechos, facilitó la intervención de la Policía Nacional, que detuvo a ocho personas. José M., su hijo Félix, dos yernos, un sobrino y su nieto José María. También su hija Bernardina, quien fue puesta en libertad y asesinada un mes después en El Puerto de Santa María. Por parte del otro clan fue detenido Manuel V.
En septiembre hubo una operación policial en Sevilla en domicilios de familiares de José M. Fueron detenidas cuatro personas e incautadas numerosas armas, pero no se ha podido acreditar su participación en los hechos, por lo que sólo son procesados por carecer de licencia. En octubre tuvo lugar otra intervención en Madrid, donde fue localizado Fernando M., quien se encontraba huido desde el tiroteo. Es hijo y padre de los dos principales implicados.
La Fiscalía pide una condena de 17 años por asesinato más siete años y medio por cada uno de cuatro delitos de tentativa de homicidio para José y José María M. Asimismo, para el primero solicita nueve meses de prisión por tenencia ilícita de arma larga y para el segundo tres años por tenencia de arma manipulada.
Para los otros cinco miembros de la familia implicados en el tiroteo solicita siete años y medio por cada uno de cuatro delitos de tentativa de homicidio, 30 años en total. A Félix le imputa además otro delito de tentativa sobre Manuel V., lo que eleva su petición a 37 años y medio. También pide de nueve meses a tres años por tenencia ilícita de armas. Para los cuatro detenidos en Sevilla pide condenas de dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas.
Al único miembro de la otra familia que permanece encausado (para otro pide el sobreseimiento), Manuel V., imputa ocho delitos de tentativa de homicidio, con siete años y medio de prisión por cada uno, más tres años por tenencia ilícita de armas. En total, 63 años.
El tiroteo fue de tal magnitud que los efectivos policiales recogieron casi 200 proyectiles de 40 armas distintas.
Cinco años y medio después se juzgarán unos hechos que pusieron en vilo a la capital emeritense y que provocaron la huida de un centenar de personas de la ciudad por miedo a represalias.
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