Los acusados del tiroteo mortal de San Lázaro afirman que dispararon al aire

Dos fallecidos y un herido, y un total de 192 balas con 40 armas, de las que sólo se localizaron cuatro. Pero nadie tiró a dar. Los implicados en el tiroteo que tuvo lugar en agosto de 2011 en Mérida, incluidos los dos acusados de causar las víctimas mortales, afirman que sólo dispararon al aire.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, acogió ayer el inicio del juicio por el enfrentamiento entre dos familias de etnia gitana. Como sucedió en enero, cuando la sesión no se pudo celebrar por la incomparecencia de uno de los acusados, la seguridad se reforzó en el entorno del Palacio de Justicia emeritense. La Policía Nacional controló los accesos al edificio, así como la entrada, habitualmente custodiada por la Guardia Civil. Una vez en el interior, también estaba vedado el acceso a la sala donde tuvo lugar la vista.

Por un lado, once miembros de una misma familia, entre quienes se encuentran los acusados de los disparos mortales, para quienes la Fiscalía solicita hasta 50 años de prisión por asesinato, cuatro tentativas de homicidio y tenencia ilícita de armas. Por otro, el único representante del clan rival, quien a su vez resultó herido por una bala que aún tiene en su abdomen y que se expone a 63 años de prisión por ocho delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas. Este último, sobre quien pesaba una orden de prisión por no haber comparecido en enero, permaneció en todo momento custodiado por los agentes de Policía Nacional y apartado del resto de procesados.

Nadie disparó a nadie

El juicio arrancó con la declaración de José M., considerado patriarca de la familia que cuenta con once acusados. Reconoció que el enfrentamiento surgió después de que su hija, con una niña pequeña, fuera abandonada por su marido, del otro clan, quien a su vez había iniciado una relación con otra joven.

Tras un altercado en la noche del 2 de agosto, el día 3 por la mañana se presentaron en su casa, situada en el barrio emeritense de San Lázaro, más de veinte personas de la familia rival, algunos llegados desde Barcelona. Afirmó que amenazaban, pegaban e insultaban, por lo que les echó a la calle. Después comenzó el tiroteo y se tiró al suelo. Pudo entrar en casa a coger su escopeta del armero, pero afirmó que sólo disparó al aire. Isabel V., matriarca del otro clan y una de las víctimas mortales, falleció de un tiro de escopeta, pero negó ser el autor material. También expuso que escuchó a alguien del grupo rival animar a otro a que tirase una granada.

Sólo contestó a preguntas de su abogado, Marcos García Montes, y del magistrado presidente de la Sección Tercera, Joaquín González Casso. Lo mismo hicieron otros seis acusados con los que comparte letrado defensor. Entre ellos su hijo Félix, quien aseguró que ese día estaba prevista una reunión de los mayores para tratar de solucionar el enfrentamiento. Pero aseguró que la otra familia «venía en plan de guerra», insultando y amenazando. Se encontraba en un patio interior del edificio de viviendas cuando empezó el tiroteo, aunque afirmó que nadie de su familia usó armas. Aunque reconoció que forcejeó con Joaquín V., la otra víctima mortal, quien llevaba una pistola que se disparó.

Fernando, hermano de Félix, afirmó que pasó esa mañana en Badajoz acompañando a otro familiar en una operación en el hospital. Después se fue a Madrid, donde fue detenido con un arma prohibida dos meses después. En Mérida sí estuvo su hijo, José María, a quien la Fiscalía acusa de la muerte de Joaquín. Sin embargo, afirmó que ni él ni nadie de su familia disparó a dar y que los rivales les insultaron y amenazaron. Lo mismo dijeron dos yernos y un sobrino de José M.

También declararon otros cuatro familiares, todos de Sevilla, quienes fueron detenidos en un registro que tuvo lugar en su domicilio un mes después del tiroteo. Allí se localizaron armas para las que no tenían permiso, pero no se ha probado que tengan relación con el tiroteo de Mérida. A preguntas de la fiscal reconocieron los hechos y uno afirmó que estaban armados por miedo. Fueron eximidos de asistir a las siguientes sesiones hasta el jueves, cuando deberán comparecer en el acto en el que se da la última palabra a los acusados antes de cerrar la vista.

En cuanto a Manuel V., el único acusado del clan rival, ofreció una versión completamente opuesta. Según dijo, vino de Barcelona con su madre y sus hermanos porque tenían previsto reunirse para hablar, pero no para buscar pelea, porque en tal caso hubiesen planteado una estrategia. También afirmó que un consejo de hombres de razones ya había aceptado la separación de la pareja, pero que aún así seguían molestando a su sobrino. En su caso, no subió a la casa y sólo acudió porque le avisaron de la discusión. Cuando llegó ya había empezado el tiroteo, pero no llevaba armas. Afirmó que le quitó una pistola a un miembro de la otra familia, pero que sólo tiró al aire. Además, aseguró que no sabe ni quién le disparó ni quién mató a su madre y su hermano. Y no vio ni a Fernando ni a Bernardina, una hermana de este último que fue detenida y que, tras ser puesta en libertad, fue asesinada un mes después en El Puerto de Santa María.

La Audiencia decretó para Manuel V. prisión para evitar que, como ocurrió en enero, no asista a las sesiones del juicio.