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M. BLANCO CANCHO Y J. S.
Martes, 2 de julio 2019
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha condenado al Ayuntamiento de Mérida a concluir el procedimiento de adjudicación de seis licencias de taxi que se puso en marcha en 2013. El fallo puede ser recurrido al Supremo.
El problema viene de lejos. En 2012 el equipo de Gobierno del Ayuntamiento quiso ampliar el número de licencias de taxis con la oposición del sector, que destacaba la caída de la demanda. En aquel momento el alcalde del PP, Pedro Acedo, atribuyó su decisión al crecimiento del empleo y de la ciudad. Por ese motivo, acordó crear diez licencias. En 2013 seis salieron a concurso. Entre los requisitos de selección se primaba a los conductores asalariados de los titulares de las licencias de taxi que prestaran el servicio con plena y exclusiva dedicación, con más puntuación según su antigüedad.
La creación de licencias fue recurrida por la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Radio Taxi de Mérida, pero dos sentencias dieron la razón al Ayuntamiento, la definitiva a finales de 2015.
La adjudicación de seis licencias siguió su curso, aunque no llegó a concluir. En noviembre 2015, tras el cambio de Gobierno por la victoria electoral del PSOE, el equipo de Antonio Rodríguez Osuna acordó desistir del expediente alegando defectos no subsanables. Según se acordó, las sentencias confirmaban la legalidad de la creación de las licencias, pero no obligaba a su concesión.
El colectivo de taxistas asalariados recurrió ante el Gobierno local, que en 2017 señaló que había cumplido las sentencias en lo relativo a la creación de las diez licencias, pero que se mantenía en su decisión de renunciar al concurso para adjudicar seis de ellas.
A continuación los taxistas asalariados acudieron a los tribunales. En abril de este año un juzgado de Mérida desestimó su petición, tras lo que el Gobierno local anunció que procedería a anular las diez licencias creadas en 2012. Pero, tras recurrir ese fallo, ahora el TSJEx ha dado la razón al colectivo.
Según recoge el fallo, hubo falta de motivación en los informes que justificaron las decisiones de la Junta de Gobierno de 2015 y 2017. «El Ayuntamiento de Mérida debería haber hecho un esfuerzo por detallar e identificar debidamente los vicios que consideraba insubsanables», pero no lo hizo.
Por tanto, no encuentra apoyo legal para los acuerdos impugnados «que, por otro lado, son contrarios a la anterior actuación administrativa defendida por el Ayuntamiento de Mérida y confirmada por el TSJEx». En conclusión, revoca la sentencia anterior y condena al Ayuntamiento a continuar la tramitación del procedimiento, «adjudicando las seis licencias de autotaxi a los solicitantes con mejor derecho».
El colectivo de taxistas asalariados recalca que el fallo obliga al Consistorio emeritense a concluir el procedimiento de adjudicación de licencias que se puso en marcha en marzo de 2013 y al pago de las costas procesales, aunque hasta un importe máximo de 1.000 euros.
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