El bumerán de la pureza feminista se vuelve contra las izquierdas

Tanto su secretaria general, Ione Belarra, como la exministra de Igualdad y eurodiputada morada, Irene Montero, defienden que el partido actúo con pulcritud, apartando de raíz a Monedero de los actos públicos del partido, y que si guardaron silencio fue para preservar el anonimato y la confidencialidad que habían pedido las víctimas. Sin embargo, existen dudas sobre si ambas conocían previamente los comportamientos del politólogo madrileño, al que la Universidad Complutense, donde imparte clases de Ciencia Política, investiga por otra denuncia de una alumna, y sobre el que, según algunas informaciones, ya planeaban acusaciones en 2016.

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En un intento por defender a su organización, ambas dirigentes optaron, entre otras líneas argumentales, por señalar el 'caso Errejón' para evitar cualquier comparación con Sumar. De hecho, parte de su estrategia defensiva ha consistido en lanzar dardos a Yolanda Díaz, a quien acusan implícitamente de «mirar para otro lado». «Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterlo en las listas», espetó la líder de Podemos recordando el cargo que la vicepresidenta segunda otorgó a Errejón cuando, según cuenta, ya le habían alertado de una denuncia.

Más allá de la rivalidad entre ambos partidos, los escándalos de esta índole pasan una indudable factura, especialmente por la desafección que provocan entre su electorado y por lo incompatibles que resultan con el rigor en la defensa de los derechos de las mujeres exigido a los demás. Para el PSOE fue especialmente dañino el llamado 'caso Mediador', una trama sórdida bajo el presunto liderazgo del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', cuando fue descubierta en febrero de 2023. Según los informes policiales, el parlamentario recurría habitualmente a fiestas con prostitutas como medio de ganarse la confianza de empresarios a los que pedía sobornos.

Como tóxica resulta la vigente imputación contra José Luis Ábalos, a cuya amante, según la UCO, la red de Víctor de Aldama habría sostenido económicamente para amarrar al exministro. En su último congreso el PSOE aprobó la expulsión de militancia de aquellos que «se sirvan de los servicios sexuales bajo pago, especialmente si ocupan algún cargo orgánico o institucional».