La Fiscalía rechaza la querella de exjueces del Supremo al rey emérito por cinco delitos fiscales

Según el escrito adelantado por ABC, y confirmado por este periódico, los hechos ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo. Entonces, se dictó un decreto el archivo porque Don Juan Carlos había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal.

«Hay que advertir que el relato de la querella no contiene una exposición ordenada y clara de las distintas operaciones económicas que fueron objeto de investigación en sede de Fiscalía. Tampoco de los diferentes motivos que justificaron el archivo de cada una de ellas», reprocha el escrito a los firmantes de la querella, entre ellos magistrados jubilados del alto tribunal, dos exfiscales anticorrupción, abogados, filósofos, juristas, escritores o periodistas.

En esta línea, el fiscal Rodríguez Rey también les señala por no expresar «con nitidez» cuáles son los hechos concretos, «de entre todos los que se refieren en el texto de la querella», en los que se basa la imputación de los cinco delitos fiscales no debidamente regularizados, «ni siquiera el concreto tributo defraudado».

Así, el fiscal intuye que «parece referirse al IRPF vinculado a los gastos realizados por Don Juan Carlos de Borbón y Borbón con posterioridad al 19 de junio de 2014, «que le fueron sufragados por la Fundación Zagatka y de los que resultarían contingencias tributarias por IRPF en los ejercicios 2014 a 2018», explica.

Pero el fiscal no se queda ahí. Considera que es una iniciativa «ciertamente peculiar» porque «pretende la 'revisión' en sede judicial» de un decreto de archivo dictado en seno de tales diligencias. «Y se hace», continúa, «por parte de quienes no fueron denunciantes ni, por supuesto, parte en aquellas diligencias de fiscalía, y, por tanto, no tuvieron acceso a lo actuado».

La querella de 20 páginas, firmada por antiguos jueces del Supremo como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, o fiscales también retirados como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, sostiene que el «rey honorífico» no regularizó correctamente su situación fiscal cuando le fueron notificadas en dos ocasiones las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Supremo en junio y noviembre de 2020. Unas diligencias preprocesales que comenzaron a raíz de las revelaciones que su examante Corinna Larsen realizó al comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el presunto cobro de comisiones irregulares en la adjudicación de las obras del AVE saudí, realizada por un conglomerado de empresas españolas.

Por lo tanto, la querella puso el acento en que la defensa del rey emérito conoció de antemano el motivo genérico de las diligencias de la Fiscalía y, por lo tanto, su regularización debería haber quedado si efecto ya que «no se ajustó a la legalidad» que marca la normativa tributaria. Es decir, dudan de la tarea que hicieron en su momento los peritos de la Agencia Tributaria asignados al caso por el entonces jefe de la AEAT Jesús Gascón (hoy secretario de Estado de Hacienda y mano derecha de la ministra María Jesús Montero), quienes consideraron que la misma fue «espontánea y veraz».

En su escrito pidieron además una serie de diligencias como la declaración de Juan Carlos I (podría hacerla por videoconferencia desde su residencia en Abu Dabi) y la testifical de personas físicas, como su familiar Álvaro de Orleans Borbón (responsable de la fundación Zagatka, que hizo pagos al anterior jefe del Estado para servicios personales), el contable suizo Arturo Fasana, el abogado del mismo país Dante Canónica, el abogado del emérito Javier Sánchez-Junco o el militar y asistente personal del exmonarca Nicolás Muga.

Además de los citados magistrados y fiscales jubilados, los querellantes son el filósofo y escritor Santiago Alba Rico; la periodista y traductora Pilar del Río; el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; el periodista, filósofo y escritor Josep Ramoneda; los juristas y profesores de Derecho Constitucional Blanca Rodríguez Ruiz y Joaquín Urías; el abogado Eduardo Ranz o el periodista Miguel Mora, director de Contexto.