El mal uso del dinero público

HOY ha informado del mal uso de dinero público que hacen, en concepto de kilometraje, algunos diputados de la Asamblea de Extremadura. No se trata de grandes cantidades, lo que no resta, sino que debería aumentarlo, el reproche a aquellos representantes públicos capaces de engañar a la institución a la que pertenecen, y por tanto al conjunto de la sociedad, por el afán de ingresar unos pocos euros que en realidad saben que no les corresponden. ¿Si obran así con cantidades pequeñas, puede pensarse que actuarían de otra forma si la tentación fuera mayor? Hay que recordar, además, que hablamos de representantes políticos cuyos ingresos mensuales ya se encuentran por encima de los 3.000 euros netos (60.996 brutos al año los diputados rasos). No necesitan de la picaresca para llegar a fin de mes por mucho que suba la luz, y no deben entender que ese dinero que se les paga por gastos de viaje es una especie de sobresueldo que también les pertenece. Debe estar ajustado a la realidad.

La Asamblea de Extremadura abona a sus señorías el kilometraje por acudir a la sede parlamentaria de Mérida utilizando una fórmula sencilla: cada diputado comunica al principio de legislatura su domicilio habitual y se le devenga el kilometraje, ida y vuelta, con su mera presencia en los plenos y comisiones que se celebran. Como los diputados no tienen que solicitar el pago de cada viaje, pese a que ya existen diversas aplicaciones que harían sencillo el procedimiento, y como el Parlamento no puede hacer de policía de cada uno de ellos, todo se basa en un automatismo y en una relación de confianza que puede dar lugar a un mal uso.

De hecho, se produce, aunque son casos aislados que se sepa. Por ejemplo, cuando varios diputados que residen en la misma localidad comparten vehículo, lo cual está muy bien precisamente en estos días que hemos asistido a la cumbre del clima, pero aunque solo uno incurre en el gasto, lo cierto es que todos los integrantes del viaje perciben su compensación económica.

O cambiar de domicilio sin comunicarlo y seguir recibiendo de forma consciente más dinero del que realmente debería. Por supuesto, hay diputados y diputadas en esa misma situación que durante la presente legislatura han actuado de forma correcta y han dejado de percibirlo o lo han visto reducido acorde a la distancia real que cubren.

No es el caso, como él mismo ha reconocido, de Joaquín Macías, coordinador regional de Izquierda Unida y diputado del grupo Unidas por Extremadura, la marca parlamentaria de Podemos en nuestra cámara autonómica. Sus responsables, tan dados en otros casos a la denuncia pública, cuando no también ante la Fiscalía, han optado por indignarse un poco menos con este asunto que les afecta directamente. Macías acude a veces desde Monesterio y a veces desde Puebla de la Calzada para cumplir con su trabajo parlamentario, pero a la hora de percibir el dinero público 'siempre' lo hace desde Monesterio.

La Asamblea ha informado de su intención de tratar este asunto en la Mesa. Sería muy triste que, una vez que se sabe que existen esos casos, todo quedara en una reacción endogámica de los distintos partidos por aquello de que se puedan encontrar ejemplos de mala praxis en todos ellos, o por un mal entendido hoy por ti y mañana por mí. Y, sobre todo, queda la sensación de que algunos representantes públicos incurren en estas trampas por el convencimiento de que van a a quedar sin castigo ni reproche alguno, que nadie va a controlar el uso de un dinero que parecen creer que no es de nadie por ser todos.

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