Un entorno digital sin riesgos

Existe, no obstante, el riesgo de que el afán omnicomprensivo de la norma limite su eficacia al situar en un mismo plano la intervención legislativa sobre el comportamiento de menores y familias, y las correcciones que precisaría el Código Penal. No es recomendable conferir a la tarea legislativa la capacidad taumatúrgica de cambiar la realidad de una sociedad abierta en un tiempo complejo. El texto, sujeto todavía a posibles cambios en su elaboración y a los que pueda incorporar en su tramitación parlamentaria, incluye medidas razonables, a cuyo cumplimiento efectivo –no siempre fácil de garantizar– contribuiría una adecuada pedagogía desde la infancia.

El problema no queda resuelto con una ley, por muy completa que esta sea. El entorno digital es, sobre todo, social. Es la sociedad, son los ciudadanos, quienes se transforman en esa dimensión, que con la inteligencia artificial se vuelve más impredecible en sus efectos sobre la propia libertad. La tarea legislativa debe ir dirigida prioritariamente a prevenir riesgos como los mecanismos aleatorios de recompensa y a sancionar usos delictivos como los 'deepfakes' pornográficos. Correspondería a la estrategia nacional prevista en la norma procurar un consenso activo que movilice voluntades –a las familias– en concurrencia con el sistema educativo. Por ejemplo, para detectar y atender la soledad que en ningún caso puede aceptarse como deseada en edades tempranas. Para que los menores distribuyan su tiempo de manera más saludable. Para promover actividades y espacios libres de pantallas. Y para procurar mayor conocimiento y destreza en el entorno digital como garantía última de que no se vuelva alienante.