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«El mejor ministro extremeño se llama Guillermo Fernández Vara», decía en 2021 Isabel Gil Rosiña, entonces portavoz de la Junta, ante los lamentos por ... la ausencia de políticos de la región en el recién renovado gabinete de Sánchez. Extremadura en realidad siempre ha estado infrarrepresentada en la mesa del Consejo de Ministros, y eso a pesar del respaldo que el PSOE ha tenido aquí a lo largo de las décadas. La extremeña fue una de las cinco comunidades donde los socialistas se impusieron el pasado mes de julio en las elecciones generales, lo que no hicieron ni en Castilla-La Mancha ni en Asturias, donde gobiernan; y Badajoz y Cáceres, dos de las únicas 10 provincias en las que el PSOE fue el más votado.
Tampoco esta vez esa fidelidad a las siglas socialistas por gran parte de los extremeños (sería interesante saber si ahora se mantiene en los mismos porcentajes) parece que se vaya a ver traducida en un ministerio. Y no porque no haya habido, como todo indica, ese ofrecimiento al propio expresidente de la Junta, hoy en el Senado.
Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que existe una cosa mucho más importante que el Gobierno, que es la acción de gobierno. Frente a esa espuma ministerial, que no digo yo que no funcione también aquí lo de barrer para casa, lo que de verdad resulta trascendente es que el Consejo de Ministros lleve al BOE planes importantes para Extremadura, y para eso es irrelevante que el titular ministerial haya nacido en Lugo o Don Benito, siempre que se atiendan las necesidades de esta región.
En contra de lo que proclamaba Gil Rosiña, es precisamente la impresión adquirida por el ciudadano de que faltó bastante colmillo en las reivindicaciones extremeñas ante Sánchez lo que ha llevado a los socialistas a la oposición en Extremadura. Y con los últimos acuerdos de investidura, crece el temor en la región de que esos pactos acaben perjudicando la atención que se presta a una comunidad autónoma que se afianza en la industria verde y lidera apuestas como las renovables, pero que continúa arrastrando carencias como un paro estructural o las consabidas infraestructuras, que nos siguen impidiendo dar pasos definitivos hacia la convergencia nacional.
Una buena parte de los extremeños, poco dados a salir a la calle, se han manifestado con energía en contra de la amnistía a Puigdemont y su larga compañía. Hasta ahí, todo bien, o muy bien, porque es bueno que de forma pacífica pero clara los ciudadanos hagan saber a los gobernantes aquello en lo que le siguen y esas otras cosas en las que están nada de acuerdo. No es tolerable, en cambio, esa campaña da acoso a diputados por el mero hecho de ejercer su papel en democracia. Y por supuesto se pierde toda razón cuando se entra en señalamientos personales de tintes mafiosos como si se hubiera levantado una veda contra aquel que no piensa o actúa como tú.
Es comprensible la frustración que puede sentir Feijóo y el PP en general por no alcanzar un Gobierno que ya creían tocar con los dedos, pero ante todo hay que asumir las reglas democráticas. Hecha la investidura, insistir en sacar las banderas del armario solo puede conducirles a la melancolía o verse arrastrados al combate que propone Vox.
Que haya o no amnistía no va a resolver como decía ni nuestro paro estructural ni el tren. Ni nos van a dar más rápidamente cita en el centro de salud o en el hospital. Puede más bien que lo hagan otros acuerdos contemplados en esos pactos de investidura que no alcanzan los titulares. En ese sentido, habrá que estar atentos y ser exigentes, y seguro que la presidenta de la Junta, María Guardiola, lo va a ser por lo que ha demostrado hasta el momento. Pero la evolución de algunas de estas cosas que marcan la calidad de vida de los extremeños también dependerá de lo acertado que esté el Gobierno regional. No es sensato que justifiquemos nuestras carencias incurriendo a todas horas en el victimismo o echando balones fuera.
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