Cuando escribo estas líneas se han administrado 305 millones de dosis de vacunas contra la covid-19. Sin embargo, solo diez naciones concentran el 80% ... y en más de 100 países no se ha puesto ni una sola. Un año después del inicio de la pandemia, esta se ha cobrado la vida de más de 2,5 millones de personas y ha supuesto el colapso de los sistemas sanitarios y de la economía. Un año después, en un esfuerzo sin precedentes en investigación y desarrollo, esfuerzo para los que han sido decisivos los más de 10.000 millones de euros de financiación pública, el escenario mundial puede respirar con cierto alivio porque son ya varias las vacunas aprobadas y empleadas en combatir el virus.
El esfuerzo titánico por acelerar los procesos de investigación y aprobación de las vacunas ha acortado el tiempo para tenerlas disponible a mínimos históricos. Tenemos por fin vacunas pero no hemos encontrado la fórmula, o no hemos querido hacerlo, para superar el cuello de botella que plantea una producción que responda a una demanda a escala global. Asistimos a un contexto de profunda tensión entre la capacidad de fabricación de vacunas, y la demanda y urgencia de estas. Su producción, como los de tantos bienes, está regida por los acuerdos de propiedad intelectual y se ve, por tanto, condicionada por el sistema de patentes actual. La empresa que ostenta la patente tiene el régimen de monopolio de la vacuna y otras compañías solo pueden producirla si llegan a acuerdos con esta. Fábricas con capacidad de producción de millones de dosis aguardan respuesta de las compañías que poseen la patente mientras millones de personas esperan.
Nos enfrentamos así a una vacunación mundial a dos velocidades, donde los países de rentas altas realizan acuerdos de compra anticipados y secretos con las farmacéuticas y se aseguran unas reservas superiores incluso a su población. Los países ricos representan solo el 16% de la población mundial pero han adquirido más de la mitad de todas las dosis incluso antes de que estén producidas.
Los países ricos con solo el 16% de la población, tienen la mitad de las dosis
El problema es que estos compromisos se hacen a costa de acaparar un 'pastel' de vacunas muy reducido. Una de las consecuencias es que los países de rentas medias y bajas, supeditados en gran medida a iniciativas internacionales como Covax, ven limitados enormemente sus opciones.
El abismo de desigualdad es tal que mientras hay países ricos que aspiran a alcanzar la inmunidad de grupo en verano (y tener vacunada al 70% de la población) hay naciones que ni siquiera han podido comenzar a vacunar sus trabajadores sanitarios de primera línea. Los primeros envíos de Covax, que comenzaron a llegar los países de rentas medias y bajas hace unos días, apenas aspiran a alcanzar al 3% de su población para junio.
Los riesgos de esta desigualdad son profundos: pérdida de vidas humanas, prolongación de la pandemia y aparición de nuevas variantes del virus con mayor capacidad de contagio y de letalidad. Gavin Yamey, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Duke lo ha cuantificado recientemente. «Si el mundo rico sigue acaparando vacunas, la pandemia se prolongará quizás hasta siete años más», ha afirmado en un reciente artículo en 'Nature'.
El pasado y el presente nos demuestran que los marcos tradicionales de fabricación basados en los monopolios no sirven. Tenemos el diagnóstico, pero debemos encontrar soluciones. Desde hace más de cinco meses se discute en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) una de las iniciativas más interesantes. Se trata de la propuesta presentada por India y Sudáfrica de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual en cualquier producto o tecnología destinado a la lucha contra la covid-19 hasta lograr la inmunidad de grupo mundial. La exención permitiría a todos los países miembros de la OMC optar por no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual. Se abrirían así posibilidades para democratizar la producción y dar entrada a nuevos fabricantes de vacunas.
Cada vez son más las voces que secundan esta medida: 100 países de los 164 Estados que conforman la OMC ya han mostrado su apoyo a la iniciativa. Sin embargo, un grupo de países de rentas altas, entre ellos los Estados de la Unión Europea, se opone.
El director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recordado la excepcionalidad del momento: «Necesitamos un acceso igualitario si queremos acabar con la pandemia. Si no se puede emitir una exención temporal a las patentes ahora... ¿entonces cuando?».
Es precisamente esta urgencia la que trasladamos desde Médicos Sin Fronteras al Gobierno español. Nuestro país tiene una oportunidad única para dar un paso el frente y marcar un punto de inflexión en la lucha contra la pandemia, España debe liderar los esfuerzos para que los Estados miembros de la UE cambien su posición y no bloqueen la suspensión de la propiedad intelectual covid-19. Si no es ahora, ¿cuándo?
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