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Ana B. Hernández
Jueves, 30 de octubre 2014, 08:12
Los abogados de los siete acusados en el conocido caso Plasencia han solicitado a la Audiencia Provincial de Cáceres, a la que han recurrido en apelación, que además de estudiar los recursos presentados, les escuche.
Entienden los letrados, y así lo dejan claro en sus escritos, que la petición de vista que plantean se fundamenta en que en virtud de los recursos que cada uno de los abogados ha presentado «pueden alterarse hechos probados consignados» en la sentencia del Juzgado de lo Penal de Plasencia, que se hizo pública el pasado 14 de julio. En la misma, cabe recordar, la magistrada Marta Benavides, condena a la exalcaldesa Elia María Blanco y los concejales Francisco Barbancho, Enrique Tornero, Blas Raimundo, Mónica García y Pablo Sánchez del Mazo, así como al constructor José Antonio Romero Vega.
La jueza considera probado que durante las dos legislaturas de Blanco (2003-2007 y 2007-2011) hubo fraccionamiento de obras para poderlas adjudicar de forma directa a un único empresario, José Antonio Romero Vega. Se eludió así la obligación de licitación pública que exige la ley por su cuantía económica. Por eso, además de a penas de cárcel y de inhabilitación para cargo público -por delitos de prevaricación y fraude-, la sentencia supone también un varapalo económico para cinco de los siete acusados, a quienes condena a ingresar en las arcas municipales un total de 248.590,66 euros. Es la suma del exceso facturado, a juicio de la jueza, en cuatro de las siete obras que han centrado este proceso judicial.
Sin embargo, tal como expusieron las defensas de los acusados en el juicio oral, reiteran en sus recursos que no hay pruebas suficientes para estas condenas. En el caso de la prevaricación, mantienen que no actuaron a sabiendas de que lo hacían contrario a la ley y que, además, el interventor no les avisó. Y en el de fraude, aseguran, que no pueden haber cometido este delito cuando ninguno de ellos se ha enriquecido.
También sostienen que la adjudicación de las siete obras no ha supuesto pérdidas para las arcas municipales, porque mantienen que el informe pericial en el que se basa el desfase no es correcto, puesto que «existen obras, partidas y elementos realizados no computados».
Por todo ello, las defensas piden la absolución para los condenados y solicitan a la Audiencia que les escuche y les permita explicar sus argumentos antes de resolver los recursos de apelación. En el mismo sentido, algunos de los letrados han pedido a la Sala que visione la grabación del vídeo del juicio oral que se celebró hace casi un año para que constante las incongruencias que, según estas defensas, contiene la sentencia de Marta Benavides.
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