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Los condenados por el caso Plasencia, durante el juicio oral en noviembre de 2013. :: hoy
La Audiencia mantiene penas de cárcel solo para tres de los acusados del caso Plasencia

La Audiencia mantiene penas de cárcel solo para tres de los acusados del caso Plasencia

Confirma las condenas por prevaricación y fraude a Elia María Blanco, Enrique Tornero y José Antonio Romero

Ana B. Hernández

Viernes, 27 de marzo 2015, 18:06

La Audiencia de Cáceres ha suavizado las penas que recaían sobre los siete condenados por el llamado caso Plasencia. El tribunal ha estimado en parte los recursos de apelación de seis de ellos y de forma completa el formulado por Pablo Sánchez del Mazo, al que ha absuelto.

Mantiene, por el contrario, la condena por delitos continuados de prevaricación y fraude para tres de ellos. Aunque rebaja las penas impuestas a todos porque tiene en cuenta como atenuante los ocho meses que la titular del Juzgado de lo Penal tardó en dictar sentencia. Impone dos años y un día de cárcel, y ocho años y un día de inhabilitación, por un delito continuado de fraude para la exalcaldesa Elia María Blanco, el exconcejal socialista Enrique Tornero y el constructor José Antonio Romero Vega. Por un delito continuado de prevaricación, a los dos primeros les condena a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación; y al constructor, a cinco años, tres meses y un día.

Sin embargo, absuelve del delito de fraude a los exconcejales del PSOE Francisco Barbancho y Blas Raimundo. Al primero le condena por un delito continuado de prevaricación a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación. Al segundo, por prevaricación, pero no continuado, a siete años. Mantiene, por último, la acusación de delito continuado de prevaricación para la exconcejala regionalista Mónica García, a la que condena a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación para cargo público.

La Sala considera probado, al igual que la titular del Juzgado de lo Penal de Plasencia, que los seis -puesto que absuelve a Del Mazo- trocearon seis de las siete obras que protagonizan este proceso judicial para evitar su licitación pública y adjudicarlas directamente, en muchos casos además de forma verbal, al constructor José Antonio Romero Vega. Por eso les mantiene la condena por un delito de prevaricación, porque actuaron a sabiendas en contra de la ley.

El tribunal entiende que se actuó de esta forma en todos los casos, a excepción -frente a la magistrada de lo Penal- del de las obras de mantenimiento de la Ciudad Deportiva. La Sala, en una sentencia de 111 páginas, afirma que no se puede garantizar que se trate de una única actuación. A diferencia de lo ocurrido en el resto de las obras: campo de fútbol de Los Pitufos, cubierta de la piscina climatizada, pista de motocross, pista de La Data, polígono industrial y aparcamiento de la Isla.

La Audiencia considera que en las tres primeras, las adjudicadas por Tornero, se perpetró el delito de fraude, porque concejal y constructor se concertaron con una finalidad defraudatoria, que siempre hay, según esta sentencia, cuando se elude el concurso público porque se pierde la oportunidad de adjudicar la obra a la oferta económica más ventajosa. Por ello, frente a los demás, mantiene la acusación de delito continuado de fraude para Tornero y el constructor. También para la exalcaldesa, porque considera que era conocedora de todo y que permitió que se consumara el concierto aprobando el pago de las facturas. Es por eso también que la responsabilidad civil, lo que los acusados deben reembolsar en las arcas municipales, solo las ciñe la Audiencia a estas tres obras. Los 248.590 euros en que la había fijado el Juzgado de lo Penal se rebajan hasta 18.091, 67 euros.

Las obras adjudicadas por García -La Data y el polígono- no supusieron un perjuicio económico para el Ayuntamiento, y en cuanto al parking de la Isla -en el que intervienen Barbancho y Raimundo- la Audiencia dice que no hubo fraude. Porque aunque se licitó de forma errónea, contaba con un estudio de los técnicos municipales y los importes facturados fueron menores que los presupuestados. Por eso absuelve a ambos de fraude.

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