El Ayuntamiento de Plasencia desestima el recurso de los vecinos de la sierra de Santa Bárbara

El Ayuntamiento de Plasencia desestimó el recurso presentado por los vecinos de Santa Bárbara, cuyo fin era regularizar la situación de sus viviendas con una serie de modificaciones en el Plan General Municipal (PGM).

No se trata de una sorpresa: los afectados ya daban por hecho que el recurso no saldría adelante y contaban con la negativa por parte del Consistorio.

Concretamente, la decisión se tomó en la junta de Gobierno celebrada el pasado 28 de septiembre. En este encuentro se produjo el acuerdo de desestimación, que responde a los informes desfavorables realizados por uno de los técnicos del Ayuntamiento.

El siguiente paso es presentar un recurso contencioso administrativo, un proceso para el cual los afectados tienen hasta dos meses.

Este recurso es el resultado de una serie de trámites y alegatos entre el Ayuntamiento y los vecinos de la sierra. Los propietarios de las viviendas ilegales presentaron una modificación que permitiría, de salir adelante, legalizar la situación de estas edificaciones.

El Ayuntamiento, por su parte, no admitió la propuesta, pero la envió a la Junta de Extremadura para su valoración medioambiental, un trámite que habría sido posible solo después de la admisión de este punto. La Junta, además, dio su visto bueno a la modificación presentada por los vecinos.

Este último recurso hace referencia a este proceso que, según sus propietarios, «no ha seguido los pasos habituales que recoge la ley».

El Ayuntamiento manifiesta que se trata de una medida que es competencia municipal y asegura que la solicitud no se ajusta al informe ambiental estratégico.

Además, desde el equipo de Gobierno declararon que las propuestas presentadas por los vecinos tienen lo que ellos entienden como un «interés especulador».

Según los datos que manejaba el pasado mes de julio, del millar de viviendas ilegales del que se tiene constancia, la mayoría se encuentran ubicadas en las zonas que se verían beneficiadas por esta modificación del PGM.

El arquitecto y portavoz de los vecinos afectados, Juan Antonio Álvarez, ya anunció que este grupo está dispuesto a emprender una «batalla legal» por la legalización de estas edificaciones. Recientemente, anunció que crearían una asociación con el fin de defender sus intereses por vías legales, ya que agotarán todas las vías posibles.