El Ayuntamiento de Plasencia pide ocho años y medio de inhabilitación para Blanco, Domínguez y García

El Ayuntamiento de Plasencia ha solicitado al juez del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que instruye el caso Santa Bárbara la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa Elia María Blanco y los exconcejales de Urbanismo María Victoria Domínguez y Mónica García. La pena que pide para cada una de ellas es de ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público como responsables de un delito continuado de prevaricación por omisión, así como el pago de las costas procesales.

En su escrito de acusación, hecho público ayer, el Consistorio, que figura en la causa como acusación particular, solicita sentar en el banquillo a las tres acusadas, y también que se abra una pieza separada de responsabilidad civil «a los efectos de proceder a la satisfacción de las eventuales responsabilidades que pudieran determinarse en la sentencia». Eso significa que de momento no les reclama una indemnización por los posibles daños causados al municipio, pero prepara el terreno para hacerlo en el caso de que haya una sentencia condenatoria.

Como ya había avanzado esta semana el alcalde, Fernando Pizarro, el Ayuntamiento pide el «sobreseimiento libre» respecto al también exedil de Urbanismo Francisco Barbancho, ya que ocupó el cargo durante menos de seis meses y debido al «escaso tiempo que ejerció» no aprecia en él ninguna responsabilidad penal. El Consistorio placentino solicita además que en el juicio se tome declaración tanto a las tres acusadas como a dos arquitectos municipales, estos últimos en calidad de testigos.

Tanto Elia María Blanco como Mónica García y Francisco Barbancho ya fueron condenados en marzo de 2014 por el denominado caso Plasencia, relativo al fraccionamiento de contratos de obras públicas para evitar sacarlas a licitación. La pena para la exalcaldesa fue de dos años y un día de cárcel (de los que pasó en prisión 15 meses) y ocho años de inhabilitación por un delito continuado de fraude en adjudicaciones de obras públicas. García y Barbancho fueron condenados a ocho años y seis meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

El escrito de acusación del Ayuntamiento placentino señala que de la instrucción del caso Santa Bárbara se desprende que las acusadas, «a sabiendas de su injusticia, adoptaron una conducta omisiva, lo que supone tanto como dictar una resolución arbitraria en asunto administrativo; omitieron lo que por ley les venía obligado, y ese no hacer equivale a permitir una serie de construcciones ilegales, lo que implica una patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico».

El caso Santa Bárbara trata de determinar las posibles responsabilidades penales de los dirigentes políticos del Ayuntamiento de Plasencia en materia de urbanismo entre enero de 2006 y junio de 2011 por no ejecutar el derribo de viviendas ilegales de la sierra sobre las que pesaban órdenes firmes de demolición.

El letrado municipal detalla que «a pesar de las correspondientes denuncias cursadas por la Policía Local», las acusadas «se limitaron en algunos casos a ordenar la paralización de las obras, decretar la ilegalidad de la construcción y ordenar el derribo (no llegando a derribarse ninguna edificación ilegal), y en otros ni tan siquiera se inició el correspondiente expediente de disciplina urbanística».

Falta ahora por conocer el contenido del escrito de acusación del fiscal, quien ya mostró a finales del pasado año su intención de pedir que los cuatro investigados en la causa se sienten en el banquillo.

Por otra parte, el TSJEx informó ayer de que «una ciudadana particular» presentó el pasado miércoles en la Sala de lo Civil y Penal una denuncia contra Fernando Pizarro por las construcciones ilegales de Santa Bárbara. El alcalde afirmó en relación a esta denuncia que es la cuarta vez que Victoria Domínguez intenta que su nombre aparezca en un titular relacionado con Santa Bárbara equiparando su actuación con la que ella no realizó como concejala de Urbanismo.

Pizarro dio así por hecho que la denuncia procede directamente de la diputada regional de Ciudadanos o de su entorno, algo que no ha sido confirmado por el TSJEx. Afirmó que se trata de una «cortina de humo» para intentar desviar la atención de los escritos de acusación del Ayuntamiento y la Fiscalía en el caso Santa Bárbara y «para que se hable de mí al mismo tiempo que de ella y distorsionar la realidad de esa manera». Dijo estar tranquilo porque «este equipo de gobierno ha trabajado con responsabilidad algo tan difícil como los expedientes de disciplina urbanística, que están siendo tratados como dice la ley».