Detenido un subinspector de la Policía Local de Plasencia en la 'operación enredadera'

Un subinspector de la Policía Local de Plasencia, P.M.P., ha sido detenido esta mañana en el transcurso de una macrooperación nacional desarrollada en una veintena de ayuntamientos españoles por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Agentes de este cuerpo han arrestado al policía, que se encontraba de vacaciones, y posteriormente se han personado en la jefatura local, donde han requisado el ordenador del arrestado.

El policía ha sido detenido por su relación con la empresa Gespol S.L., encargada de la gestión del circuito interno de información de la Policía Local y por su trabajo durante una etapa anterior como informático municipal.

El subinspector de la Policía Local ha pasado a disposición judicial para prestar declaración, tras lo que podría «quedar en libertad próximamente», según ha informado la delegada del Gobierno en Extremadura Yolanda García Seco.

En estos momentos, la Policía Nacional se ha personado en el Ayuntamiento de Plasencia. De momento el Consistorio ha eludido hacer declaraciones al respecto.

La UDEF ha desatado a primera hora de la mañana de este martes una macrooperación en multitud de municipios de toda la geografía española contra la corrupción. Los agentes tienen en su punto de mira una gran red de amaños de adjudicaciones fraudulentas de sistemas de gestión y ordenación del tráfico a una empresa tecnológica radicada en Cataluña, Aplicaciones Gespol SL, una firma del grupo Sacyr. El operativo, en el que participan 600 policías, tiene su origen en varias poblaciones catalanas, aunque la trama se extiende, según las investigaciones coordinadas por la Fiscalía Anficorrupción, por muchas otras provincias.

Según informa Anticorrucpción, el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona ha ordenado registros en 22 municipios: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Triana, San Andrés de Rabanedo, Vélez-Malaga, Villanueva de las Cañada, Léon, Palencia, Teruel, Torrelodones y Villaquilambre. Además, el Juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación la Diputación de Alicante y en los municipios: de Mataron, Motgat, Pineda de Mar, Premia de Mar, Rubí, Alde del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares El Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logro, O'Grove, Sant Vicent de Raspeig y Vitoria. Se prevé la detención de 66 personas entre alcaldes y responsables municipales.

El centro de la trama pivota sobre el empresario leonés José Luis Ulibarri, ya investigado en el marco de la trama Gürtel. Ulibarri, dedicado a los medios de comunicación y a otras actividades, podría haber realizado funciones de comisionista para la trama desarticulada hoy, en la que se prevé la detención de 66 personas, entre ellos Sadat Maraña, asesor actual de Ciudadanos en la Diputación de León.

Entre los consistorios investigados hay mayoría del Partido Popular, aunque también de alcaldías dirigidas por otros partidos y se prevén detenciones de miembros de diversas formaciones. Entre los investigados está un conocido empresario ya imputado en su día en la trama Gürtel. Hay también encausados varios jefes de las policías locales por intermediar para que los municipios contrataran los servicios y los software de la empresa bajo sospecha. Las acusaciones de Anticorrupción son, entre otras, prevaricación, malversación, falsificación, cohecho, delitos contra la administración e integración en organización criminal.

La 'operación Enredadera' arrancó en 2016, al comprobar que la empresa bajo sospecha habría cerrado varios contratos fraudulentos en Cataluña para la instalación de semáforos y cámaras a un precio claramente hinchado. Posteriormente, los agentes descubrieron que esta práctica se había extendido por muchos otros consistorios.