Los expedientes urbanísticos de Santa Bárbara seguirán su curso pese a la resolución de la Junta

La resolución de la Junta de Extremadura que abre la puerta a regularizar la mayor parte de las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara no va a paralizar los expedientes de disciplina urbanística que el Ayuntamiento está tramitando contra muchas de ellas. El alcalde, Fernando Pizarro, avisó ayer de que los procedimientos seguirán su marcha tal y como establece la ley, y únicamente se plantearán pararlos una vez que se lleven a cabo las regularizaciones de las parcelas que reúnan los requisitos establecidos en la Ley del Suelo de Extremadura y en el propio Plan General Municipal (PGM).

La situación de los expedientes de disciplina urbanística relativos a Santa Bárbara es bastante caótica, ya que no existe una relación centralizada en la que se detalle con claridad cuáles son las viviendas ilegales y en qué momento del proceso se encuentra cada una de ellas.

Hay expedientes caducados en los juzgados, y entre los que ha puesto en marcha el Ayuntamiento en el último año y medio, con decenas de órdenes firmes de derribo, algunos siguen adelante y otros se encuentran paralizados por la justicia de manera cautelar, precisamente a la espera de lo que pase con la modificación del PGM y el consiguiente proceso de regularización.

Quienes peor lo tienen, según diversas fuentes, son los propietarios que han confiado exclusivamente en la vía administrativa y no han recurrido ante la justicia las órdenes de demolición y los avisos de multas que les han ido llegando.

Es en estos casos en los que el Ayuntamiento planea seguir adelante al margen del proceso de regularización que se sigue de forma paralela, y cuyo próximo paso será la aprobación provisional por parte del pleno de los cambios en el PGM a los que ha dado su visto bueno hace unos días la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta. El gobierno local y los técnicos municipales mantendrán el 21 de marzo una reunión con el arquitecto redactor del plan para abordar los detalles concretos de esa modificación.

Hay que recordar que el Ayuntamiento ha enviado ya los primeros decretos con avisos de multas coerctivas a propietarios de viviendas en Santa Bárbara, concretamente de la finca Viña del Carmen.

Son sanciones de hasta 7.000 euros mensuales durante un máximo de 10 meses para quienes no lleven a cabo el derribo de las casas que tienen órdenes de demolición. Los decretos están recurridos y aún faltan varios meses para que esas alegaciones se resuelvan y las multas pasen a ser efectivas.

Los propietarios confían en no tener que llegar a pagarlas, y menos aún derribar sus viviendas, para lo cual necesitan que la modificación del PGMsea rápida y el proceso de regularización también se acelere lo máximo posible.