La Fiscalía remite al TSJEx nuevos documentos contra Victoria Domínguez

La Fiscalía ha enviado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que investiga el caso Santa Bárbara de Plasencia, el contenido íntegro de una denuncia anónima, acompañada de diversa documentación, que trata de demostrar que la diputada regional de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, tuvo durante su etapa de concejala de Urbanismo pleno conocimiento de las construcciones ilegales de la sierra y los expedientes de derribo. Además, esa denuncia la acusa de querer modificar el Plan General Municipal placentino para favorecer a allegados, concretamente al que fuera número dos en la lista municipal por UPEx, y después número seis en la lista de Ciudadanos a la Asamblea por Cáceres, Julián Burgos Mora, quien durante varios años presidió la asociación de vecinos de Santa Bárbara.

El escrito de denuncia y la documentación fueron remitidos por correo ordinario el pasado 25 de julio a la Fiscalía «por personas desconocidas». El fiscal superior en funciones incoó diligencias y nombró un instructor, el cual ese mismo día, tras examinar los documentos, determinó que «se refieren a hechos atribuidos a María Victoria Domínguez» y guardan una «evidente relación» con el procedimiento sobre las viviendas ilegales de Santa Bárbara, por lo que las remitió al TSJEx «a los efectos de su incorporación a las citadas actuaciones penales».

Quienes enviaron la denuncia a la Fiscalía se presentan en el escrito como «un grupo de ciudadanos de Extremadura» y detallan que «algunos de nosotros militamos en el partido Ciudadanos», motivo que esgrimen como causa para mantenerse en el anonimato. Apuntan que, en contra de lo que declaró ante el TSJEx el día 19 de julio, Victoria Domínguez, en su etapa como concejala de Urbanismo, «estaba debidamente informada y tenía pleno conocimiento de las construcciones ilegales y de los expedientes de derribo» de Santa Bárbara.

La acusan además de intentar favorecer a allegados introduciendo en la redacción del nuevo plan de urbanismo la posibilidad de legalizar las viviendas de la sierra, un procedimiento que finalmente quedó establecido en el PGM de 2015, aprobado por el PP, y que también se contempla en la Ley del Suelo de Extremadura.

El escrito anónimo va acompañado de numerosos documentos de acceso público. «Han sido obtenidos a través de Google», apuntan los denunciantes. La mayor parte son recortes de prensa con declaraciones de Domínguez sobre el PGM en las que habla a favor de implantar un procedimiento de regularización de las viviendas ilegales, así como noticias sobre la ausencia de derribos en la sierra pese a las órdenes firmes de demolición. Aparecen además comentarios en blogs de personas, también anónimas, que la acusan de favorecer determinados intereses. Se aportan copias de las papeletas electorales de UPEx y Ciudadanos en las que aparece como candidato Julián Burgos, así como una sentencia sobre una infracción urbanística en Casas del Castañar en la que Domínguez actuó como abogada en 2011, cuando ya no era edil, lo que demostraría, según los denunciantes, que «era conocedora de lo que significa y de las consecuencias penales por un posible delito contra la ordenación del territorio».

Hay que recordar que el caso Santa Bárbara se inició también con una denuncia anónima, aunque entonces la Fiscalía llevó a cabo una investigación antes de presentar al juzgado de Plasencia un escrito solicitando la apertura de diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la exalcaldesa Elia María Blanco y los exconcejales Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho. En esta ocasión el fiscal remite la denuncia directamente al TSJEx al considerar que está relacionada con un una investigación ya en marcha.