Juicio en Plasencia: el derecho a la libertad sindical no ampara tomarse la justicia por su mano

El Ministerio Fiscal ha pedido una resolución condenatoria y ha elevado a definitiva la petición de multa para ambos, así como para la CNT, al entender que las acciones que llevaron a cabo para conseguir que la trabajadora cobrara las horas extras que le adeudaba la empresa, no están amparadas por el derecho a la libertad sindical.

Lo ha hecho tras escuchar las declaraciones de Juan José Horrillo –María Calle ha optado por no declarar– y de María Ortega, administradora única de Formanortex, la empresa que adeudaba las horas extraordinarias a la trabajadora, en una vista oral en la que también han prestado declaración otros tres testigos, dos por parte de la acusación particular y uno por la defensa.

El fiscal ha explicado que los derechos laborales se defienden en actos de conciliación, en la negociación de los convenios colectivos, en la vía judicial, en las conversaciones para alcanzar un acuerdo... «Hay múltiples formas para resolver estos conflictos, pero no la vía de los hechos», por la que a su juicio han optado los investigados. Porque tanto la administradora única de Formanortex como su asesor laboral y un trabajador de la empresa han asegurado en la vista oral que Juan José Horrillo acudió en una ocasión a la sede de la mercantil para reclamar «en tono amenazante» que le pagaran a las horas extras a la trabajadora, y en otra le dijo a la empresaria que «era un mojón que no valía para nada».

María Ortega ha declarado que sintió miedo, «porque su actitud era violenta», y uno de los testigos, un trabajador de Formanortex que presenció los hechos, lo ha ratificado. Además, el asesor laboral de la mercantil, el otro testigo presentado por la acusación particular, ha señalado en el juicio que cuando Horrillo le llamó para reclamar el pago de las horas extras para María Calle le sorprendió el tono. «Estoy acostumbrado a hablar con abogados y representantes sindicales en estos conflictos y la conversación con él me sorprendió por el tono agresivo». Según ha declarado, «no hubo opción de acuerdo, reclamó la totalidad de lo que se le debía a la trabajadora y me dijo que la empresa iba a pagar sí o sí, que conocían otras medidas para ello fuera de la vía judicial».

Medidas en las que se ha enmarcado la campaña contra la mercantil que se materializó, sobre todo, en correos electrónicos acusatorios y comentarios negativos contra ella en las redes sociales, presentándola como una empresa explotadora que no pagaba a sus trabajadores. Una campaña que su administradora única ha dicho que le ha perjudicado económicamente, «porque se nos contrata menos».

Presunción de inocencia

La Fiscalía ha ratificado su petición de multa de más de 7.000 euros para María Calle y Juan José Horrillo por el presunto delito cometido y que, junto con la CNT, indemnicen con 10.000 euros a la representante legal de la empresa que les ha denunciado por los «daños morales« que le han causado. Y la acusación particular ha elevado esa indemnización a 20.000 euros, por »los daños económicos« que, desde su punto de vista, la trabajadora y el sindicalista también han generado a la mercantil.

Los abogados de los investigados y la CNT, por su parte, han pedido la libre absolución al entender que «no se ha presentado ni una sola prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia». Porque, entre otros motivos, han señalado que no se ha podido demostrar que ni María Calle ni Juan José Horrillo enviaran los correos electrónicos a la empresa ni sean los autores de los comentarios negativos contra Formanortex, ni que estos hechos estén detrás de los perjuicios económicos de los que ha hablado la administradora única. Los abogados de los investigados han recordado que los hechos juzgados esta mañana se produjeron antes del inicio de la pandemia, con la que se paralizó toda la actividad económica.