El juzgado da tres meses de plazo para la demolición de cuatro viviendas en Santa Bárbara

Cuatro viviendas de la sierra de Santa Bárbara deberán ser demolidas en el plazo máximo de tres meses. Así lo ordena el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia en un auto del pasado 15 de septiembre.

Se trata de las casas cuyos propietarios fueron condenados en abril de 2019 por un delito contra la ordenación del territorio a penas de cuatro meses de prisión, a hacer frente al pago de una multa de nueve meses con una cuota diaria de cinco euros y a inhabilitación durante los meses de condena para profesión u oficio relacionado con la construcción, así como a acometer la demolición o legalización de sus viviendas.

Asimismo, en esta sentencia se estableció que la pena de prisión no sería ejecutada si durante tres años y seis meses los condenados no delinquían y procedían «a la demolición de las respectivas construcciones litigiosas de no resultar legalizables las mismas».

Respecto al derribo, la sentencia recogía que los abogados de las defensas en la vista afirmaron que «se estaban legalizando» tales construcciones, por lo que se acordó que antes de hacerse efectiva dicha demolición se recabara informe del Ayuntamiento de Plasencia para ver si la legalización podía realizarse «de manera directa y automática». Pero también señalaba que de no legalizarse «de manera directa y automática» el Juzgado en fase de ejecución dictaría un plazo para la demolición de las construcciones.

Es lo que el juez hace ahora en el auto, en el que asume la petición del Ministerio Fiscal y fija «un plazo improrrogable de tres meses» para el derribo de las viviendas. Porque, tal como se explica en el escrito, «el informe técnico emitido por el Ayuntamiento de Plasencia en fecha 3 de junio de 2019 es meridianamente claro, al concluir que las actuaciones llevadas a cabo por los penados no son suficientes para emprender el procedimiento de regularización». Y añade, además, que «a fecha actual no constan nuevas circunstancias que motiven una resolución diferente».

No obstante, se da la circunstancia de que, posteriormente a ese informe municipal en el que se basa el auto, en una Junta de Gobierno del pasado 27 de febrero, el Ayuntamiento deja constancia de que «han sido presentados para su tramitación, por parte de propietarios de terrenos y edificaciones en Santa Bárbara, tres planes especiales de ordenación». Y, asimismo, este lunes, los propietarios han registrado los planes especiales y la documentación ambiental de las siete áreas en las que se ha dividido la sierra, para iniciar la regularización de las 163 viviendas incluidas en el proceso y entre las que se encuentran las casas afectadas por el nuevo auto judicial, todas ellas sitas en la zona de Viña del Castillo.

«Estamos muy preocupados por la nueva decisión judicial y también muy sorprendidos», señala uno de los cuatro propietarios afectados, que recurrirán el auto judicial. «No entendemos cómo se produce esta situación cuando se ha venido trabajando durante todo este tiempo y cuando ya se ha registrado en el Ayuntamiento la documentación precisa para iniciar la regularización; no entendemos cómo no se tiene constancia de ello en el juzgado».