El primer derribo en Plasencia de una vivienda ilegal de Santa Bárbara es inminente

El derribo de la primera de las viviendas ilegales de Santa Bárbara es inminente. Así lo confirmó ayer su propietario, Juan Ángel Bermejo, quien indicó que está a la espera de que le notifiquen la aprobación del proyecto de demolición presentado ante el Ayuntamiento, y que ya tuvo el sí de la Junta de Gobierno local celebrada el pasado día 9 de agosto.

La notificación llegará en un plazo breve. «En cuanto me llegue el visto bueno (del Ayuntamiento) los trabajos tardarán lo que tarde la empresa en prepararlo todo», explicó Bermejo, aunque no confirmó una fecha concreta para comenzar con el derribo.

Se trata de la primera vivienda en situación irregular de Santa Bárbara que será derribada por orden de un juez y esta vez no cabe recurso posible, explicaba el propietario.

Ya el pasado mes de marzo una sentencia obligaba a Bermejo a comenzar con el derribo, que debía realizarse el día 28. Sin embargo, un recurso 'in extremis' permitió que se aplazara este proceso.

Y es que la vivienda de Bermejo, ubicada en la parcela 318 del polígono 16, en el paraje conocido como 'Las Salinas' forma parte de uno de los terrenos de la zona que, divididos en lotes, la asociación de Vecinos Afectados proponía legalizar. Tras presentar un proyecto oficial en el Ayuntamiento, desde el Gobierno local afirmaron tener intención de estudiarlo para comenzar con la legalización de las viviendas ubicadas en la zona.

Con la luz verde del Ayuntamiento para comenzar a valorar las modificaciones propuestas por los vecinos afectados, la justicia paralizó el derribo de esta vivienda. El proceso del 'caso Santa Bárbara' continuó y en abril de este mismo año, el juez ratificó un acuerdo al que habían llegado la Fiscalía y los abogados de cuatro de los propietarios: el derribo de las viviendas se postergaría hasta 2022, la multa se reduciría de 6.000 a 1.350 euros y la condena de cárcel que se solicitaba bajaría de 2 años a 4 meses.

Sin embargo, a finales del mismo mes el Juzgado de lo Penal hizo pública la sentencia por la que se condena a estos cuatro vecinos a un delito contra la ordenación del territorio al levantar las edificaciones en suelo no urbanizable de protección natural paisajística. Y, si bien la sentencia recogía el acuerdo de Fiscalía en relación a la reducción de la pena de cárcel y la multa, volvía a incidir en la obligación de tirar las viviendas. De hecho, la demolición de estos edificios condiciona las reducciones anteriores. El juez dejaba claro entonces que la única vía para no derribarlas era una regularización «directa y automática» de todas las edificaciones. Y, dado que no se ha informado de que esta regulación sea posible, el proceso de derribo de las viviendas ilegales continúa adelante.

Así, un auto del 1 de julio ha resuelto y concluido que la obra no resulta legalizable por lo que ha acordado su demolición. Bermejo, por su parte, aseguró ayer que seguirá los trámites pertinentes para llevar la orden de derribo.