Los propietarios de Santa Bárbara siguen adelante con la regularización

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que en la práctica garantiza que la gran mayoría de las viviendas ilegales de Santa Bárbara no serán derribadas no cambia los planes de los propietarios, que van a seguir adelante con el proceso de regularización iniciado hace un año. Así lo confirmó ayer un portavoz de los promotores, quien aseguró que el procedimiento continúa porque su objetivo es conseguir la completa legalización de las casas.

La resolución del TSJEx ha supuesto un gran alivio para los propietarios, al menos para las decenas de ellos que tienen viviendas en suelo con protección paisajística, sobre las que habían sido emitidas nuevas órdenes de demolición. El tribunal ha fallado que en el suelo con ese tipo de protección la obligación de derribar prescribe a los cuatro años desde el final de las obras, condición de cumplen la inmensa mayoría de las casas. Según el TSJEx, únicamente se pueden tirar las viviendas que terminaron de construirse menos de cuatro años antes recibir la orden de derribo, así como las situadas en suelo con protección ambiental, donde la obligación de demoler no prescribe nunca. En Santa Bárbara sólo tiene protección ambiental la parte más alta de la sierra, donde apenas hay alguna casa dispersa.

«La sentencia nos da margen, pero nosotros lo que queremos es legalizar las casas para poder contar con todas las ventajas y la seguridad de tener una propiedad regularizada», apunto el portavoz, quien indicó que ya se han adherido a este proceso de regularización unos 200 propietarios tanto de Santa Bárbara como de otras zonas incluidas también en el procedimiento.

El siguiente paso para seguir adelante con el proceso de regularización debe darlo el Ayuntamiento. La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta ya dio el pasado mes de marzo su visto bueno a la propuesta de cambiar la redacción del Plan General Municipal (PGM) de Plasencia para adaptarlo a la Ley del Suelo vigente, de modo que se puedan iniciar procedimientos de regularización no sólo de las parcelas situadas en suelo no urbanizable común (N5), sino también en las que están en zonas con protección especial paisajística (N7), como por ejemplo las de la finca Viña del Carmen, donde se encuentran la mayoría de las que tienen órdenes de derribo vigentes.

El arquitecto contratado por los propietarios para este proceso, Juan Antonio Álvarez, se encuentra a la espera de que el Ayuntamiento lleve a pleno la adaptación del PGM para poder presentar justo después las unidades de regularización, es decir, las partes en las que ha divido la sierra en función de las parcelas que se van a regularizar, siempre que cumplan con los exigentes criterios establecidos para ello tanto en la Ley del Suelo de Extremadura como en el propio PGM. El último paso sería la legalización propiamente dicha de las casas, una vez que los dueños ejecutasen las inversiones necesarias para ello.