Santa Bárbara: tres décadas de conflicto y cinco casas tiradas

Ana B. Hernández

Domingo, 8 de mayo 2022, 07:36

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Carlos Palomero está a la espera de que el juzgado atienda el recurso que ha presentado su abogado y evitar el ingreso en prisión. Este placentino y su mujer son los primeros propietarios de viviendas en la sierra de Santa Bárbara que se enfrentan a una orden de ingreso en la cárcel por construir sin permiso la casa y no cumplir la sentencia firme que les obligaba a demolerla.

Su caso, aunque finalmente eviten la prisión como confía su abogado, pone de manifiesto que la impunidad que durante décadas ha reinado en la sierra placentina ha terminado, que la ley alcanza a un espacio que hasta hace muy pocos años parecía al margen de ella. Aunque cierto es que no afecta a todos por igual. En Santa Bárbara hay más de medio millar de viviendas y hasta la fecha solo cinco –la última es la de Carlos Palomero– se han derribado. Solo en estos cinco casos se ha ejecutado la orden de demolición. La han cumplido quienes se han visto inmersos en un proceso penal, que son una inmensa minoría. El resto de propietarios que tienen problemas por haber levantado su casa de forma irregular están incluidos en procedimientos administrativos y su resolución, hasta la fecha, nada tiene que ver. Y hay otros muchos que no están afectados ni por uno ni por otro aunque levantaran sus casas de la misma forma.

Santa Bárbara no es el único lugar en el que se dan estas notables diferencias en Plasencia. En otro de los espacios en los que se ha construido sin licencia, como es La Vinosilla, solo a un propietario de la quincena que hay le ha llegado orden de derribo. Aunque en su caso, el proceso de regularización de la zona, más avanzado que el de la sierra, ha frenado la demolición.

El caos urbanístico viene de lejos en la sierra placentina de Santa Bárbara, donde las construcciones de forma más generalizada comenzaron a levantarse en los años ochenta y donde una década después su proliferación ya era palpable. Fue así porque siempre se hizo la vista gorda. Todo el mundo era consciente de que allí no se podía construir, pero las casas se levantaban sin licencia ni ningún otro permiso porque nunca pasaba nada.

A comienzos de este siglo, ante la proliferación de construcciones clandestinas, se trató de poner orden en el caos urbanístico. Entonces también comenzaron las denuncias y las multas, aunque las viviendas, en cualquier caso, se mantenían en pie.

En ese primer intento por regularizar la sierra, con José Luis Díaz como alcalde, se perseguía su ordenación por fases, elaborando planes específicos para cada zona y bajo la tutela de la Junta de Extremadura. Sin embargo, no salió adelante y las edificaciones continuaron, porque o bien los expedientes caducaban o, si culminaban con órdenes de derribo, éstas no se ejecutaban.

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El segundo intento de ordenar la sierra llegó en 2010, cuando la Asamblea aprobó una reforma de la Ley del Suelo de Extremadura que permitía regularizar las viviendas construidas en suelo no urbanizable, incluso el protegido, mediante un convenio entre los propietarios y el Ayuntamiento que debía autorizar la Junta. El Consistorio placentino adelantó entonces que en su nuevo Plan General Municipal (PGM) recogería la posibilidad de legalizar núcleos de viviendas en suelo protegido bajo determinadas condiciones y siempre a costa de los interesados. El PGM entró en vigor en verano de 2015 y, en lo que respecta a Santa Bárbara, recogió la legalización solo de construcciones situadas a menos de 420 metros de altitud.

Propietarios de viviendas de la sierra comenzaron a moverse para formar una asociación, cuyo asesor es el arquitecto Juan Antonio Álvarez, a través de la que iniciar la regularización, un proceso en el que hoy siguen inmersos, y con el que se pretendía haber evitado las demoliciones que ya se han producido. Porque las inspecciones, denuncias y expedientes han ido a más en los últimos años.

El empujón definitivo que obligó a todos a mirar con lupa la sierra llegó por parte de una denuncia anónima ante la Fiscalía, que hizo que en 2017 un juzgado de Plasencia iniciara una investigación para determinar si los responsables políticos del área de Urbanismo del Ayuntamiento entre los años 2006 y 2011 cometieron un delito de prevaricación urbanística al no demoler las construcciones ilegales de Santa Bárbara sobre las que pesaban órdenes de derribo, emitidas en vía administrativa y no judicial.

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En ese proceso, como el que después afectó a Fernando Pizarro y que se cerró también en la fase de instrucción, solo fue condenada Elia María Blanco, que optó por alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para que le fuera retirada la pena de cárcel y evitar el juicio. Pero cierto es que desde entonces la vigilancia se ha intensificado y no se han levantado más construcciones ilegales.

Entonces también, en 2018, el Ayuntamiento comenzó a poner las primeras multas coercitivas a los propietarios sobre los que pesa orden de demolición, para poder utilizar estos fondos y llevar a cabo el derrumbe de forma subsidiaria. Estas multas siguen a día de hoy, aunque los propietarios las están parando a la espera del proceso de regularización que está en marcha de forma oficial desde septiembre de 2020 con el registro de la documentación ambiental y los planes especiales de las siete áreas en las que se ha dividido la sierra.

Una regularización que afecta, aclara Juan Antonio Álvarez, a 178 viviendas, bastantes menos de la que hay levantadas en la sierra, pero que se tramita de forma más sencilla con la Lotus, la nueva ley del suelo de Extremadura que entró en vigor en 2019 y que agiliza la regulación de los asentamientos rústicos irregulares.

«En estos momentos estamos pendientes del informe medioambiental favorable», detalla Álvarez. Confía en obtenerlo y, a partir de ahí, el Ayuntamiento tendría que aprobar los planes especiales y los de legalización de las casas incluidas. Respecto a las muchas que quedan fuera, «la administración tendrá que decir», zanja Álvarez.