El TSJEx confirma al Ayuntamiento como acusación en el caso Santa Bárbara

El Ayuntamiento de Plasencia continuará personado como acusación particular en el caso Santa Bárbara. Así lo ha dictaminado el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) al rechazar un recurso que presentó el 2 de febrero la defensa de la diputada regional de Ciudadanos María Victoria Domínguez, en el que pedía apartar al Consistorio del procedimiento.

En el mismo auto, el juez rechaza también la solicitud de la diputada de incluir en la causa como investigado al actual alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

Domínguez argumentaba en su recurso que el Ayuntamiento no debía estar como acusación porque el presunto delito de prevaricación administrativa no tiene como efecto una supuesta responsabilidad civil que pudiera reclamar el Consistorio. El juez responde que, aunque eso fuera así, la legitimación como parte no emana tan solo de que exista un daño material y cuantificable, sino que el perjuicio puede ser también de otra índole, como por ejemplo el «desprestigio a todas luces evidente» que se causa a una institución que se supone que es garante de la legalidad urbanística. Además, existe la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que derribar viviendas de manera subsidiaria, lo cual sí le causaría un daño cuantificable.

Existe por tanto, según el magistrado del TSJEx, «un interés protegible que justificaba y justifica la presencia en el proceso del Ayuntamiento de Plasencia», ya que «sufrió en sus intereses legítimos como consecuencia de las actividades ilegitimas» que presuntamente habrían cometido los investigados.

Con respecto a la petición de imputar a Pizarro por los mismos delitos que se achacan tanto a Domínguez como a la exalcaldesa Elia María Blanco, y los exconcejales Mónica García y Francisco Barbancho, el auto la rechaza con el argumento de que supondría una «regresión» a la fase de instrucción y, como consecuencia, la inefectividad de todo lo acordado en el procedimiento.

Recuerda además lo ya expuesto ante recursos anteriores semejantes, en el sentido de que el TSJEx ha asumido este caso únicamente por la presencia en él de una persona aforada como es Victoria Domínguez, y que se ha extendido al resto de investigados «por escrictas razones de conectividad procesal», de modo que no es posible añadir ahora hechos posteriores al 10 de junio de 2011, que es la fecha límite incluida en la instrucción.

En este sentido, en su escrito de respuesta al recurso de Domínguez, el fiscal deja claro que «apoya expresamente» la petición de que se deduzca testimonio, es decir, que las actuaciones se envíen a un juzgado de primera instancia de Plasencia para que investigue lo ocurrido a partir de junio de 2011, que fue cuando Fernando Pizarro accedió a la alcaldía.

Señala, sin embargo, que esa cuestión «no puede resolverse en este estadio procesal, sino que deberá ser objeto de pronunciamiento en la sentencia que se dicte por sala».

También en su escrito de acusación, que se encuentra ya en poder del juez instructor, pero aún no ha sido hecho público en su integridad, el fiscal pide que se deduzca testimonio de las actuaciones «en el momento procesal oportuno», que según su criterio sería una vez concluido el juicio oral que, previsiblemente, abrirá el TSJEx.

El auto en el que el instructor rechaza el recurso de Victoria Domínguez se puede recurrir, de manera que el auto de apertura de juicio oral aún se hará esperar. Lo han solicitado tanto el Ministerio Fiscal como el Ayuntamiento de Plasencia en sus respectivos escritos de acusación.

El Consistorio ha pedido al juez la apertura de juicio y penas de ocho años y medio de inhabilitación para Elia María Blanco, Victoria Domínguez y Mónica García, mientras que solicita el sobreseimiento para Barbancho porque fue concejal de Urbanismo durante poco tiempo.

El fiscal, por su parte, pide para la exalcaldesa Elia María Blanco 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, más otros dos por otro de omisión de perseguir delitos.

Para los exconcejales de Urbanismo Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho pide nueve años más un año y medio inhabilitación a cada uno por las mismas infracciones penales, cometidas presuntamente por no haber actuado contra las construcciones ilegales de la sierra de Santa Bárbara sobre las que pesaban órdenes firmes de derribo.