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Los tres convenios presentados por los propietarios de casas levantadas en la sierra de Santa Bárbara, para lograr su regularización, seguirán adelante. Así lo ha garantizado este miércoles el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández.
Ha explicado que la próxima semana posiblemente remitirán a los interesados la respuesta sobre los convenios presentados, «para que mejoren los expedientes», dijo el edil y poder continuar así con la tramitación que conllevará la legalización de las primeras viviendas en la sierra de Santa Bárbara.
«Si la vecindad quiere y las leyes se han adaptado, es posible la regularización de las edificaciones clandestinas», resumió José Antonio Hernández, tras recordar que este camino, ya iniciado por propietarios de viviendas irregulares en la zona de la Vinosilla, es una posibilidad que establece la Ley del Suelo y, por ello, el Plan General Municipal de Plasencia, aprobado en 2015. Por eso, insistió, en que hay cobertura legal para resolver este enquistado conflicto urbanístico. Además, también valoró el edil, la repercusión económica que la regularización conllevará para las arcas municipales, con el pago por parte de los propietarios de licencias e impuestos que hasta ahora no han abonado.
Precisamente la nueva asociación de afectados por el PGM de Plasencia, que aglutina a buena parte de los propietarios de edificaciones irregulares en la sierra, urgió la semana pasada al Ayuntamiento una respuesta sobre los convenios presentados que permitirán regularizar dos bolsas de viviendas ubicadas en la carretera de Jaraíz y una más en Valdeolivo. «En tres, por tanto, de las áreas de regularización que establece el PGM», explicó Juan Antonio Álvarez, asesor técnico de la nueva agrupación, que también indicó que el objetivo es presentar otros más, una vez se aprueben los primeros, «porque no se quiere dejar a nadie fuera» y porque «es posible la regularización de toda la sierra».
Argumenta que «Santa Bárbara no tiene protección medioambiental, sino la misma protección paisajística que tenía la sierra del Merengue, donde se han instalado los molinos». Por lo tanto, «es posible regularizar las edificaciones», insiste. Tanto las encuadradas en las zonas de regularización ya recogidas en el PGM y objeto de los primeros convenios presentados, como el resto.
Pero para ello necesitan saber qué tienen que mejorar en los convenios presentados y es el motivo de la petición pública que los propietarios lanzaron la semana pasada. «Por eso nos gustaría sentarnos cuanto antes con los responsables municipales para que nos indiquen cómo completar los expedientes y establecer la hoja de ruta a seguir para lograr la regularización de la sierra», declaró ayer Juan Antonio Álvarez.
Porque lo cierto es que, explicó, les urge continuar con la tramitación, puesto que los procedimientos judiciales contra las edificaciones irregulares siguen su curso, por tanto las sanciones y las órdenes de derribo continúan llegando a los propietarios y, de hecho, a finales de este mes se cumple el plazo dado por el juzgado para la primera orden firme de derribo de una casa. «Y está sita precisamente en una de las zonas recogidas en los convenios presentados».
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