La defensa de María Victoria Domínguez ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) un recurso extraordinario en el que pide la nulidad de dos autos emitidos por el juez instructor del caso Santa Bárbara de Plasencia. El recurso argumenta que la diputada regional de Ciudadanos ha visto vulnerados en estas resoluciones sus derechos fundamentales, en concreto a la tutela judicial efectiva, y afirma que los autos van contra el artículo 14 de la Constitución «por trato desigual ante la ley».
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Los autos cuya anulación se solicita son los del 22 de noviembre de 2017 y el 25 de enero de 2018. En el primero de ellos el juez ordenaba continuar el procedimiento al apreciar indicios de delito tanto en Domínguez como en la exalcaldesa de Plasencia Elia María Blanco y los exconcejales de Urbanismo Mónica García y Francisco Barbancho por no actuar entre enero de 2006 y junio de 2011 contra las construcciones ilegales de la sierra de Santa Bárbara. El instructor pedía además a las partes que solicitaran el sobreseimiento o presentaran escrito de acusación, cosa que han hecho ya tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Plasencia. El auto de 25 de enero desestimaba los recursos de Domínguez y García contra la resolución de 22 de noviembre.
El recurso de nulidad presentado ahora por la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea ataca duramente ambas resoluciones del instructor, en las que por una parte rechazó el sobreseimiento solicitado por Domínguez, y por otra se negó a llamar a declarar como investigado al actual alcalde placentino, Fernando Pizarro, con el argumento de que no es aforado y por lo tanto la competencia para eso sería del juzgado de primera instancia, no del TSJEx. El escrito incluye términos como «erróneo, arbitrario y no sometido a razón jurídica ni lógica» para rebatir las razones del juez, al que acusa ademas de motivaciones que no se ajustan a la «imparcialidad».
Además de pedir la nulidad de esos dos autos, la defensa de Domínguez deja constancia en este recuso extraordinario de que denuncia ante el propio TSJEx que instruye la causa la vulneración de derechos fundamentales sufrida por medio de ambas resoluciones. Lo hace, afirma, a efectos de interponer llegado el caso, y «en su momento procesal oportuno», recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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